Fiscalía deberá indagar al Alcalde de Alto Lucero por violencia política contra Síndica

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que el alcalde de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros incurrió en violencia política por razón de género en contra de María Griselda Mora Fernández, síndica del Ayuntamiento, por lo que dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa y en su momento, determine lo que a derecho corresponda.

Además, se vinculó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que determine la sanción que corresponda al edil y que realice un registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se incluya al alcalde de Alto Lucero.

Asimismo, se ordenó al alcalde ofrecer una disculpa mediante sesión pública de Cabildo en la cual se deberá citar a los medios de comunicación para dar publicidad al evento y que pague el porcentaje de las remuneraciones que se le han recortado a la síndica.

También se vinculó al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que determinen lo conducente y se ordenó al alcalde, secretario, contralor y a todos los integrantes del Ayuntamiento abstenerse de realizar acciones que de manera directa o indirecta tengan por objeto molestar, intimidar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de la síndica.

Aunado a ello, se vinculó al Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) para llevar a cabo y a la brevedad, un programa de capacitación a los servidores públicos del Ayuntamiento e informe al TEV sobre los avances del programa de forma periódica hasta que concluya.

La sentencia del TEV se generó por el Juiciopara la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) interpuesto por la síndica al considerar que hay obstaculización para el ejercicio de su cargo y que constituye violencia política en razón de género.

Denunció que hay omisión para el pago completo de sus percepciones toda vez que fueron disminuidas en un 60% en los meses de enero a mayo de este año, acusa ser víctima de amenazas ofensas e injurias, omisión para la atención de sus reclamos, que no se le permitió videograbar la sesión del Cabildo del pasado 15 de junio y que se le ha citado a sesiones sin que se le entregue la información a tratar.

En sus alegatos señala directamente al Alcalde, Secretario y Contralor.