Fiscalía ha omitido denunciar a exfuncionario de Servicios de Salud ante presuntos desvíos

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que el exsecretario de Salud de Veracruz, Fernando Benítez Obeso, no incurrió en responsabilidad de generar daño patrimonial de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en razón de haber solventado las observaciones por la no ejecución de cuatro obras de infraestructura hospitalaria en el Ejercicio Fiscal 2015, por las que en un principio le asistía responsabilidad resarcitoria por más de 10 millones de pesos y 3 millones más de sanción pecuniaria.

Sin embargo y pese a que se hiciera la solicitud hace casi un año, la Fiscalía General del Estado (FGE) no habría denunciado a Ricardo Sandoval Aguilar, exdirector administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz, a quien junto con otros cuatro exfuncionarios se le determinó un daño patrimonial por la cantidad de casi 7 millones de pesos y una sanción de 4 millones; equivalente al 55 por ciento del monto de los daños y perjuicios ocasionados, ya que no pudieron solventar las observaciones hechas por el ente fiscalizador de las obras que más adelante se detallan.



En la misma situación que Ricardo Sandoval se encuentran los siguientes exfuncionarios de la extinta Comisión de Espacios de Salud de Veracruz:

Edgar Rodrigo Solano Amador, exdirector de Infraestructura; José Routine Rojas Joachín, exjefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras; José Manuel Gutiérrez Libreros, exsubdirector de Estudios Proyectos y Construcción y Juan Antonio García Trujillo, exdirector de Estudios y Proyectos y Construcción, a quienes el ORFIS fincó responsabilidades en mayo del año pasado.



Documentos en poder de este medio de comunicación señalan como antecedentes que derivado de la fase de comprobación del procedimiento de fiscalización, el ORFIS, a través de la Comisión de Vigilancia entregó al Congreso el 4 de octubre de 2016 el informe del resultado relativo a la revisión de las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.

Éstas incluían las de Servicios de Salud de Veracruz, del cual se desprende que en el manejo y aplicación de los recursos públicos previstos en la respectiva Ley de Ingresos del Congreso del Estado, los servidores públicos responsables de su ejercicio incurrieron en diversas y regularidades que constituyen un daño patrimonial.

Mediante decreto número 920, de fecha 31 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Estado

se instruyó a iniciar la fase determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones en contra de los servidores públicos que presumiblemente hubieran incurrido irregularidades en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2015, en el que se encontraban los Servicios de Salud del Estado.

El 14 de diciembre de 2016 tuvo lugar una audiencia de pruebas y alegatos a las cuales asistieron los ciudadanos Guillermo Villegas Rios, apoderado legal de Fernando Benítez, exsecretario de Salud; así como José Delgado Hernández, apoderado legal del Ricardo Sandoval Aguilar, exdirector administrativo de los Servicios de Salud.

También los ya mencionados exfuncionarios de la desaparecida Comisión de Espacios de Salud, Édgar Solano Amador, José Routine Rojas Joachín, José Manuel Gutiérrez Libreros y Juan Antonio García Trujillo,



Además de Ignacio Tamariz Cortés, exencargado de la Subdirección de Construcción de Obra; Brian López Córdoba, encargado del Departamento de Ejecución de Obra y Macario Aguilar Moreno, del departamento de Construcción.

Asimismo, se hizo constar que en la referida audiencia comparecieron por escrito los ciudadanos Pedro Luis Medina Martínez, entonces director general de la Comisión de Espacios de Salud del Estado y Santiago Mota Bolfeta, director de la Comisión Constructora, donde aportaron pruebas documentales y alegatos por escrito y en audiencia.

Pero además, hicieron señalamientos directos y solicitaron que comparecieran los ciudadanos Ángel Méndez de la Luz Castillo, exsupervisor de Obras; Roberto Calleja Báez, supervisor de Obras y Eduardo Guillén Melgarejo, también supervisor de Obras, como responsables de las observaciones de daño patrimonial.



Posteriormente, el 5 de enero de 2017 se emitió un acuerdo para citar a la audiencia de pruebas y alegatos de los ciudadanos Fidel Ángel Méndez de la Luz Castillo, Roberto Callejas Báez y Eduardo Guillén Melgarejo, a través de los oficios DGAJ/008/01/2017, DGAJ/009/01/2017 y DGAJ/010/01/2017 para que comparecieran y manifestaran en lo que en Derecho correspondiera. Por ese motivo se les vínculo a las fases de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.

El 26 de enero de 2017, también en el ORFIS, tuvieron lugar las audiencias de pruebas y alegatos de los ciudadanos Fidel Ángel Méndez de la Luz Castillo, Roberto Callejas Báez y Eduardo Guillén Melgarejo.

Para el 3 de marzo se emitió la resolución en la cual se resolvió que los ciudadanos mencionados son responsables de irregularidades, razón por la que la resolución se determinó una indemnización de 10 millones 22 mil 239 pesos, que es el equivalente a los daños causados a dicho en organismo durante el Ejercicio 2015 y una pecuniaria consistente en multa por la cantidad de 5 millones 512 mil 239 pesos equivalente al rango legal del 55 por ciento del monto de indemnización.



Sin embargo, se desprende que los ciudadanos Macario Aguilar Moreno, Pedro Luis Medina Martínez y Santiago Mota no incurrieron en responsabilidad ni generaron daño patrimonial de Servicios de Salud de Veracruz, en razón de haber solventado las observaciones del presunto daño patrimonial.

En fechas 28, 29, 30, 31 de marzo y 3 de abril de 2017, los ciudadanos Ricardo Sandoval Aguilar, Fernando Benítez Obeso, José Routhin Rojas, José Manuel Gutiérrez Libreros, Ignacio Rodrigo Amador e Ignacio Tamariz pusieron, de manera separada, recursos de reconsideración en contra de resolución definitiva presentando y ofreciendo documentación en vía de prueba con la que pretendieron solventar el monto resuelto que corresponde al total del daño patrimonial a Servicios de Salud.

Por lo que concluida la labor de revisión, valoración, cálculo y análisis de la documentación presentada que conforme a Derecho corresponde en fecha 17 de mayo del año 2017, al resolverse el recurso de reconsideración se concluyó que Ricardo Sandoval Aguilar, Édgar Rodrigo Solano Amador, José Routhin Rojas Joachín, José Manuel Gutiérrez Libreros y Juan Antonio García Trujillo no pudieron comprobar-solventar el monto de la indemnización fincada en la resolución definitiva; por lo que se modificó el monto de indemnización determinada por la cantidad de 6 millones 845 mil 418.76 pesos, así como la sanción por la cantidad de 3 millones 764 mil 980 pesos.



Asimismo, dentro del citado fallo, en relación con Benítez Obeso, Ignacio Tamariz Cortés, Brian López Córdoba, Fidel Ángel Méndez de la Luz Castillo, Eduardo Guillén Melgarejo y Roberto Calleja Baéz se determinó que no incurrieron en responsabilidad de generar daño patrimonial en los Servicios de Salud de Veracruz, dada la solventación.

Las obras que subsisten y que son generadoras del daño patrimonial causado a la Hacienda Pública del Estado por el monto ya precisado son, en primer lugar, la terminación de la segunda etapa del hospital psiquiátrico en Orizaba, por un monto contratado de 42 millones 931 mil 056 pesos y un monto ejercido de 4 millones 197 mil 293 pesos, bajo el contrato número 103C8080390037, adjudicada directamente.

Aquí se determinó un daño patrimonial por un monto de 6 millones 113 mil 331 pesos por obra abandonada y un anticipo no aplicado y volúmenes pagados no ejecutados.



La segunda obra con observación, número TP-082/2015/003DAÑ, es la relativa a la construcción de un centro de salud en Altotonga con número de contrato 103S1100340001, en un monto contratado de 5 millones 288 mil 684 pesos y un monto ejercido de 1 millón 586 mil 605 pesos más. En ésta se determinó monto de 411 mil 299 pesos por concepto de obra no ejecutada.

En cuanto a la edificación marcada con el número 103S1100310003, que constaba de la construcción de un centro de salud en la localidad Benito Juárez, municipio de Soteapan, con observación número TP-82/2015/005, se estableció un daño patrimonial por un monto de 110 mil 912 pesos. El pago de la obra no se ejecutó.

Finalmente, en el caso de la obra consistente en la rehabilitación y ampliación del hospital en Tantoyuca, se determinó daño patrimonial de 6 millones 845 mil 418 pesos, que no fue aplicado en la obra y se encuentra sin recuperar.



Por lo anterior y en términos constitucionales y legales tienen obligación de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial las conductas desplegadas por otras autoridades y/o gobernados presuntamente constitutivos del delito y de presentar formal denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables al ordenar o ejecutar ilegalmente un acto causando un daño al patrimonio de Servicios de Salud de Veracruz.

Lo anterior pareciera que no se ejecutó, pues hay que recordar que solamente tres exfuncionarios relacionados con la Secretaría de Salud enfrentan procesos penales: Juan Antonio “N”, interno en Pacho Viejo desde finales del año pasado, por el caso de la Torre Pediátrica; lo mismo que Isaías Alonso, exsubdirector Administrativo de la Secretaría de Salud, que fue liberado mediante un amparo.

Y por último César Augusto “N”, empresario de Gran Marca Proyectos, beneficiado con la defectuosa construcción del Hospital de Alta Especialidad Infantil en el Puerto de Veracruz que, hasta donde se sabe, aún se encuentra en la cárcel.