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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Fiscalía sigue sin fincar responsabilidades por agresión a pensionados y desvíos en el IPE

- Hubo disculpa pública pero responsables de represión siguen impunes: COPIPEV

- FGE tiene hasta este 20 de octubre para pedir a juez ejercer acción penal

- Hay evidencias sobradas y se han presentado a la Fiscalía; denuncias son desde 2016

Apolinar Velazco Xalapa, Ver. 18/10/2021

alcalorpolitico.com


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A cinco años de presentarse la primera denuncia penal por las agresiones sufridas al reclamar el pago de sus pensiones, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha fincado responsabilidad alguna contra exfuncionarios de la entonces administración de Javier Duarte de Ochoa; ni tampoco con relación a otras tres denuncias penales por el presunto desfalco y malos manejos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Así lo denunció Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), quien acusó a la instancia ministerial de incurrir en dilación y no acelerar las investigaciones por estos hechos que mantienen en crisis las finanzas del organismo pensionador.

“La denuncia del 2015 es por la agresión, la de nosotros del Frente Estatal en Defensa del IPE es de 2016; la del ORFIS una es de 2016, otra es de principios de 2017; y la del IPE es 2017. Nadie, por nuestra agresión en el 2015, nadie tiene responsabilidad fincada y de las cuatro denuncias en curso por los malos manejos que son evidentes en el IPE, no hay ninguna determinación si hay o no delito que perseguir”, enfatizó.



Por ello refrendó que a seis años de sufrir la fuerte agresión por parte de los cuerpos policiacos del Estado, cuando protestaban en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de sus pensiones, siguen en espera de la procuración de justicia y en espera de que el juez de control los cite para reactivar su caso.

“Sí, se nos ofreció una disculpa pública pero los responsables de la agresión siguen impunes”, expresó en conferencia de prensa.

Martínez Amilpa insistió que pese a que hay evidencias suficientes para acusar a los ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Antonio “N” y del IPE, Octavio Gil García, ninguna de las acusaciones hechas en su momento los califica como responsables del presunto daño patrimonial 284 millones de pesos y 2 mil 709 millones de pesos, observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), de la Cuenta Pública 2015 y por el cual formuló dos denuncias en 2016 y 2017.



“Por su parte, el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el Gobierno del Estado, sin conocimiento del Consejo Directivo, como lo establece la Ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados. Un motivo más es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago”, precisó la presidenta de la COPIPEV.

Ante los medios de comunicación reafirmó que la FGE tiene hasta este miércoles 20 de octubre para responder ante un juez de control si ejerce la acción penal contra ex servidores públicos del periodo duartista, insistiendo que las pruebas de los malos manejos están.

“Por eso nosotros recurrimos al juez de control, ¿qué es lo que ha hecho la Fiscalía? Porque hay evidencias sobradas y se las hemos presentado, de que hay delito que perseguir y no sólo de nosotros, el ORFIS, el IPE. Por lo tanto nosotros señalamos después de más de cinco años de haber presentado la denuncia, ¿por qué la FGE no se pronuncia en un sentido o en el otro, si hay o no delito qué perseguir? ¿Por qué la FGE no conduce esa investigación hacia un juez para que pueda impartirse la justicia y sobre todo la reparación del daño?”, reafirmó en su queja.



Dolores Martínez externó que como organización que defiende a los pensionados veracruzanos, han presionado frecuentemente para conocer el estado de la investigación “y hemos encontrado que, después de cuatro años, ésta no concluye. Ha estado a cargo de seis fiscales, lo que causa extrañeza”.

Por otra parte, denunció que “la Fiscalía demoró tres años en designar peritos fiscales y dos años más para contar con el dictamen pericial contable. Después de todos estos años desconocemos las líneas de investigación y continuamos esperando que la Fiscalía señale si hay o no delito que perseguir”.

Al ser cuestionada sobre si dentro de las acusaciones contra Antonio “N”, exsecretario de Finanzas duartista, recientemente detenido y procesado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal también está lo ocurrido en el IPE, manifestó que estos dos últimos ilícitos encajan en lo denunciado por el Frente Estatal en Defensa del Instituto.



“Coincide con nosotros en dos delitos. Nosotros denunciamos por incumplimiento de un deber legal, por abuso de autoridad, coalición y peculado, hay delitos comunes. Pero no conocemos cuál es la investigación por las observaciones del IPE no solventadas y el contrato mercantil por el que se le prestó 150 millones de pesos que no han regresado (al IPE), en tiempo de Antonio 'N'”.