Fiscalía y SSP suman más recomendaciones de Derechos Humanos

En lo que va de este 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH) ha emitido 18 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, de las cuales, la Fiscalía General del Estado (FGE) encabeza la lista con seis, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene tres, la Secretaría de Salud tres y la Secretaría de Educación (SEV) una.

Además, cinco se han emitido para los Alcaldes de Zontecomatlán, Veracruz, Chicontepec, Tuxpan y Naranjos/Amatlán.

Dentro del expediente CEDH/3VG/DAM-0876-2018 y sus acumulados DAM-0878-2018, DAM-0930-2018 Y DAM-0879-2018, que derivó en la Recomendación 05/2021 dirigida a la FGE y a la SSP por desaparición forzada de 4 personas cometida por elementos de Seguridad Pública y falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía en la investigación de los hechos, se destaca que la CEDH tiene conocimiento que durante el Operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, implementado entre los años 2014 y 2015, se cometieron detenciones por parte de elementos de la SSP respecto de las cuales no obraba registro.



La queja se inició por la desaparición de 4 personas identificadas como “V1”, “V3”, “V2” y “V4”, que fueron sustraídas con violencia de sus casas por hombres armados y encapuchados que portaban uniformes de la Policía Estatal.

Incluso, dentro de la investigación ministerial y su acumulado, también obran testimonios de elementos de la SSP que acreditan la práctica de detenciones que se ejecutaban de manera ilegal.

Al respecto, corre agregado el testimonio de “T6” (policía) quien señaló que las personas que eran detenidas durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos eran remitidas de inmediato a los separos de la Policía Naval, salvo que los comandantes tuvieran interés particular en alguna persona, ésta era llevaba a la parte de atrás de la base de la SSP en Coatzacoalcos, Veracruz.



“T6” indicó que ellos tenían instrucciones de no ingresar a la parte posterior de la base, por lo que desconocía qué era lo que pasaba con las personas allí detenidas.

La recomendación indica que el operativo “Blindaje Coatzacoalcos” tenía como principales acciones establecer un cerco de seguridad en Coatzacoalcos, así como puestos de revisión móviles con bases de operación mixtas, realizar recorridos de reconocimiento de áreas y patrullajes permanentes, reforzar la vigilancia en el centro de la ciudad y plazas comerciales, e incrementar la presencia de elementos de seguridad en áreas donde se tiene detectada una mayor incidencia delictiva. Dentro del operativo Blindaje Coatzacoalcos participó la “Fuerza Civil”, un grupo de operaciones perteneciente a la SSP.

Adicionalmente, la FGE obtuvo la declaración de “T7”, elemento operativo de la SSP, quien señaló que si bien, nunca vio a personas detenidas, en una ocasión vio a dos elementos que utilizaban uniforme azul con pasamontañas resguardando el perímetro del patio trasero de la base para evitar el acceso.



Asimismo, precisó que sus compañeros le comentaron que había personas detenidas en la parte de atrás de la base pero le sugirieron no ir a ese lugar, pues podría meterse en problemas.

Finalmente, la FGE obtuvo el testimonio de al menos 10 elementos operativos de la SSP, quienes confirmaron que el día 11 de mayo del 2015 se encontraba en implementación el Operativo Blindaje Coatzacoalcos.

En ese sentido, cuatro de esos casos ya han sido analizados por el Organismo Autónomo y se acreditó la participación de elementos de la SSP en la desaparición de las víctimas.



A través de la Recomendación 170/2020, la CEDHV acreditó que, en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, la SSP había ejecutado 4 desapariciones forzadas.

Con base en lo antes expuesto, esta CEDHV tiene por acreditado que la desaparición de “V1”, “V3”, “V2” y “V4”, que ocurrió dentro del contexto de la implementación del operativo de Seguridad Pública denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, respecto del cual se tiene documentado que existieron prácticas de desaparición forzada.

A la FGE se recomienda girar instrucciones a quien corresponda, para agotar las líneas de investigación razonables para identificar a los responsables de la desaparición de “V1”, “V3”, “V2” y “V4” y coadyuve con las facultades legales conferidas a la Comisión Estatal de Búsqueda, debiendo informar lo relativo oportunamente a las víctimas indirectas.



Que pague una compensación a las víctimas indirectas, de acuerdo con la cuantificación que emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, por el daño moral que les ha ocasionado su participación activa en el impulso procesal de la investigación ministerial y su acumulado y las labores de búsqueda que han tenido que desarrollar para localizar a sus familiares.

También que pague una compensación por la pérdida de ingresos económicos (lucro cesante) y los daños patrimoniales generados con motivo de las labores que han tenido que desarrollar para impulsar la investigación ministerial, así como por aquellos derivados de las labores de búsqueda que han tenido que emprender por cuenta propia ante la actuación negligente de la FGE.

Además, deberá instruir el inicio de investigaciones internas, diligentes, imparciales y exhaustivas, a fin de determinar la responsabilidad administrativa individual de los servidores públicos de la FGE que incurrieron en las violaciones a derechos humanos durante la investigación ministerial. En caso de advertir la actualización de hechos delictuosos, se deberá dar vista a la Fiscalía que corresponda.



A la SSP recomienda colaborar efectivamente con las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Búsqueda a fin de que se determine el paradero de “V1”, “V2”, “V3” y “V4”.

Y con base en el acuerdo de cuantificación que emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pague una compensación a las víctimas indirectas por las afectaciones morales y psicológicas derivadas de la desaparición forzada de sus familiares.