Fracasaría Guardia Nacional; se ha probado como insuficiente para atacar violencia

Construir policías locales e instituciones de justicia funcionales llevará mucho tiempo, pero es la única solución a largo plazo para el combate de la violencia criminal en Veracruz; “seguir la vía de la militarización es repetir los errores del pasado”, sentenció el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Olvera Rivera.

No obstante, sostuvo, el Gobierno actual parece no entender que hay que empezar ya este proceso, que requiere de planes, recursos y voluntad política.

En su artículo publicado por el diario El País, señala que la masacre ocurrida en Minatitlán deja en evidencia que no hay un diagnóstico de las nuevas formas que ha asumido la violencia criminal, y el Estado, en sus dimensiones local, estatal y nacional, recurre a las viejas respuestas, probadamente insuficientes, para atacar un problema cuya complejidad exige la construcción de instituciones de justicia locales, las cuales no aparecen siquiera en el horizonte discursivo de los políticos.



Olvera Rivera sostiene que frente a este hecho se optó por reproducir la vieja historia de la ocupación militar de una ciudad con soldados que no conocen el territorio, en esta ocasión con el disfraz de una Guardia Nacional que no existe aún.

“Para colmo, el conflicto entre el Gobernador de Veracruz y el Fiscal estatal, que dirige una de las peores fiscalías del país, ha escalado a niveles absurdos, que implican la inexistencia de coordinación entre instituciones en el contexto de una violencia desbocada”.

Explica que Veracruz, es el tercer estado más poblado del país, y tal vez el más complejo por su diversidad regional, dispersión poblacional y alta conflictividad social y política, viene sufriendo, desde hace tres décadas, un estancamiento económico general con regiones en franca crisis.



Veracruz, bajo el yugo de grupos criminales

El especialista en temas sociales recordó que, desde hace unos 15 años, una serie de gobiernos estatales desastrosos han causado la desinstitucionalización de un gobierno de por sí frágil y permitido la implantación del crimen organizado en todo el territorio.

“Primero, el gobernador Fidel Herrera pactó con el grupo de Los Zetas y luego el gobernador Javier Duarte, obligado por la Federación, dio entrada al grupo Jalisco Nueva Generación. Este proceso conllevó una brutal violencia con miles de muertos y desaparecidos, tanto en las batallas entre grupos, como a causa de la intervención de las fuerzas del orden”, apunta.



Tanto por la propia dinámica de la competencia entre grupos criminales, como por la acción del Estado, los antiguos cárteles han tendido a fragmentarse en múltiples células débilmente articuladas entre sí. Estas guerras han llevado a un rápido recambio de líderes de “plazas” y a una dramática diversificación y “localización” de las actividades criminales.

Si antes el control del territorio era condición para la circulación nacional e internacional de drogas y personas, la crisis y recambio de esos mercados ha obligado a las células criminales a sacar rentas casi exclusivamente de las poblaciones que dominan.

El secuestro, la extorsión, el “cobro de piso”, el narcomenudeo y el robo, que antes eran actividades complementarias a los negocios principales, se volvieron el negocio casi único de las células locales en buena parte del país.



Urge policía cercana a la ciudadanía

Por consiguiente, el combate a la criminalidad se ha tornado un asunto de inteligencia local y presencia policíaca cercana a la ciudadanía.

Este tipo de delincuencia sólo puede ser combatido con una política integral que en la parte policíaca se funde en policías locales profesionales conocedoras del territorio y de sus habitantes, que cuente con la confianza de los ciudadanos y tenga un espíritu de cuerpo que le permita superar las amenazas y agresiones de los delincuentes.



De acuerdo con el autor deberá articularse a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal para los operativos importantes, pero la investigación y ubicación de objetivos le corresponde a quien conoce el terreno.

A decir del investigador, en la parte de justicia se requiere de una Fiscalía local profesional y con recursos suficientes para investigar y obtener pruebas de los delitos; y de un Poder Judicial que actúe con rapidez y no se deje intimidar ni corromper.

Al mismo tiempo, deberán desarrollarse las políticas sociales que atemperen la brutal miseria que sufre la mayoría de la población, que mejore los ambientes escolares, haga funcionar las clínicas locales e impulse actividades culturales y deportivas a escala microlocal.



“Nada de esto parece estar en el horizonte del Gobierno federal”, lamentó finalmente.