Funcionario de Ozuluama enfrenta proceso por violencia familiar y sigue en el cargo

Por violencia familiar, Cruz “N”, director de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Ozuluama, fue vinculado a proceso penal.

En abril pasado, los magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinaron, por unanimidad de votos, revocar un auto de no vinculación a proceso que previamente se había dictado a favor del servidor público, quien arrastra también señalamientos de negarse a cubrir una pensión alimenticia.

Al respecto, los magistrados encontraron elementos para emitir un auto de vinculación en contra del servidor público por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada, identificada con las iniciales A.Y.G.C.



El proceso del que es sujeto Cruz “N” se ventila desde el 2020, año en el que fungía como servidor público adscrito al departamento de la Dirección de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Ozuluama.

Pese a la existencia de la denuncia en su contra, el expresidente municipal de Ozuluama y actual diputado federal, Armando Antonio Gómez Betancourt, lo mantuvo en el cargo.

Lo mismo ocurrió con la administración de Agustín Ramos, que ha permitido que siga en el puesto de Director.



Cruz “N” tiene otras acusaciones en contra. En 2020 también se conoció de un juicio por alimentos instruido en contra del Director, interpuesto por la madre de su primer hijo en Tampico, radicado en el expediente 867/2019.

El asunto, de acuerdo con reportes de medios locales, cobró notoriedad cuando el funcionario intentó evadir el pago de la pensión alimenticia.



La madre del menor acusó al entonces presidente municipal Armando Gómez Betancourt de bajarle el sueldo a Cruz “N”, presuntamente de 44 mil pesos mensuales a solo 8 mil, para tratar de evadir el pago.

Cabe mencionar que estos no son los únicos escándalos que atraviesa el municipio, pues hace unas semanas se informó de un supuesto desfalco superior a un millón de pesos en los ingresos diarios del ayuntamiento que habría sido cometido por una empleada sindicalizada.

De estos hechos presuntamente hubo un acuerdo para el resarcimiento del fraude en un plazo no mayor a cuatro meses.