Funcionarios deben soportar críticas; eso evitaría violencia contra periodistas: OEA

Catalina Botero Marino, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que para lograr contar con una cultura de la prevención contra la violencia hacia los periodistas es necesario entrenar a los funcionarios públicos para que entiendan que la crítica es necesaria y consustancial en una democracia.

Refirió que el escrutinio y la crítica hacia el trabajo de los funcionarios forman parte de la labor de los periodistas y éstos deben seguir haciendo esa labor, pero para ello deben contar con las garantías de seguridad necesarias para poder ejercer esta profesión sin el temor de perder la vida por dar a conocer lo que la población tiene derecho a saber.

Gracias a una videoconferencia con la que la Relatora pudo dar una conferencia para los asistentes al Foro “Libertad de Expresión y Medios de Comunicación: Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas” que se llevó a cabo en la USBI de Xalapa. De inicio aseguró que para la relatoría de la que forma parte, “la situación de violencia que atraviesa el periodismo en México es de extraordinaria preocupación y en particular la situación de violencia por la que atraviesa el periodismo en Veracruz”.

Aseguró que pese a estar conscientes de los riesgos que afrontan los periodistas que cubren todos los temas relacionados con la violencia, corrupción y crimen organizado en el estado de Veracruz, el Estado debe garantizarles su seguridad e integridad física, ya que le informan a la población veracruzana y mexicana el acontecer diario, el cual la sociedad tiene derecho a saber.

En este tenor, puntualizó que los estados que presentan situaciones graves de violencia tienen por lo menos tres obligaciones básicas por cumplir para poder garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación: el prevenir las violaciones a la libertad de expresión, proteger a los periodistas y si ya fallaron las dos anteriores se debe impedir la impunidad que sería la tercera obligación básica.

“La obligación de prevenir es fundamentalmente importante porque por alguna razón nuestras instituciones y la sociedad no confían en el potencial transformador de la educación y de la prevención; pareciera que ponemos todas nuestras esperanzas en la capacidad represiva y sancionatoria de los estados y hacemos muy poco para prevenir las violaciones y es ahí donde se tiene que trabajar porque los estados tienen la obligación de promover la prevención de la violencia contra los periodistas”, abundó.

Y es que enfatizó que no es porque la vida de un periodista valga más que la vida de cualquier otra persona, “sino que al matar un periodista se está mandando un mensaje claro de silenciamiento, ya que son ellos los que cuentan lo que está pasando diariamente en la entidad y sin esa vida se deja de difundir”.

Es por esto que Botero Marino aseguró que se deben tener desde medidas blandas hasta medidas duras de protección, la primera y la más importante es la de contar con un discurso de los funcionarios públicos que ayude a legitimar la labor de la prensa y que deslegitime las acciones de violencia contra los periodistas.

“Los funcionarios que a pesar de ser escrutados por los periodistas salen con un discurso de apuesta y promoción de la libertad de expresión y que hablan de la importancia de que la población conozca lo que está pasando y que la prensa ejerza su poder fiscalizador están colaborando en la cultura de la prevención de una manera invaluable”, afirmó.

Pero, -aseguró- un gran número de funcionarios públicos no asumen este deber de prevenir a través de la construcción de la cultura con el discurso que ellos emplean. “Cuando los funcionarios públicos hablan, configuran realidades y hablan a públicos que les creen y por eso tienen el deber de legitimar la acción periodística, así esa labor sea de fiscalización de la labor pública o así esa labor moleste o perturbe al funcionario”.

Botero Marino añadió que dentro de esta prevención se debe de incluir también el entrenamiento a las Fuerzas Armadas y Policías para evitar que se presenten violaciones contra la acción que realizan los periodistas y respeten la labor que realizan, pero también para evitar que entorpezcan las investigaciones cuando un periodista es asesinado, sobre todo evitando la contaminación de pruebas.

Pero cuando se da un asesinato contra algún periodista, la obligación básica del Estado es el evitar la impunidad, porque cuando un delito contra un periodista queda en la impunidad, se da pie a que se cometa otro; por eso es muy importante que esos delitos en particular sean resueltos y sancionados para que el Estado mande el mensaje “de que eso (matar a periodistas) no se vale y eso no se puede hacer, de que el Estado está a favor de proteger la libertad de expresión como el mejor mecanismo de lucha por la civilidad y las instituciones democráticas”.