Gobernador incumplió compromisos con las mujeres víctimas de violencia: CONAVIM

A sólo mes y medio de concluir su administración, Miguel Ángel Yunes Linares no pudo cumplir con el compromiso hecho a mujeres víctimas de violencia, activistas, académicas y víctimas indirectas: coordinar el cumplimiento de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas por Violencia Feminicida, de lo que da cuenta la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en una solicitud de información.

Esta promesa, hecha el 2 de marzo del 2017, cuando se instaló el Grupo Institucional y Multidisciplinario (GIM), se resquebrajó por completo meses después, cuando negó rotundamente que el Gobierno que encabeza estuviera preocupado por la presencia de este fenómeno en la entidad.

El 23 de noviembre del 2016, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) hizo la declaratoria para los municipios de: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa y a casi dos años, la CONAVIM admite que los avances han sido mínimos, tal como lo han evidenciado quienes participan de manera activa en la defensa de los derechos de las mujeres.



Por medio de una solicitud, colgada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que se peticionó información probatoria de los avances de la implementación de las medidas de justicia y reparación establecidas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del estado de Veracruz, se observa que el trabajo realizado durante casi dos años ha sido casi nulo.

No se ha podido concretar ni siquiera un padrón de víctimas directas e indirectas, dada la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de entregar un informe detallado de los casos de homicidios violentos contra mujeres en suelo veracruzano.

No hay sanciones por incumplimiento



Tampoco se ha podido hacer un reporte mensual de sanciones, casos, explicaciones y procesos iniciados en contra de funcionarios, que pueda presentarse al grupo de trabajo para determinar la efectividad de cumplimiento en materia de justicia y reparación

En el limbo quedó la definición de un plan individualizado de reparación del daño con participación de las instancias de toma de decisiones en materia hacendaria, ejecutoria y de atención a víctimas con asesoría de especialistas internacionales y nacionales en la materia.

Asimismo, quedó en el tintero el plan individualizado y su programa de ejecución que pueda comunicarse a las víctimas y/o sus familiares; así como el reporte de resultados del plan individualizado que pueda brindar el grupo de trabajo para su seguimiento puntual y aleatorio.



En cuanto a la adopción de medidas necesarias para garantizar el derecho a la justicia y que se investiguen y se resuelvan todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios, se pretendían reuniones de trabajo con autoridades vinculadas con investigación, atención a víctimasm y procuración de justicia a efecto de determinar el número de víctimas directas por violencia feminicida, pero también quedaron pendientes por realizarse.

En ese mismo estatus se encuentra la intención de conformar una base de datos contemplando a organizaciones de la sociedad civil que atienden el asunto, a efecto de contar con información que permita incluir a todas las mujeres víctimas y sus familias dentro de la medida de reparación simbólica. Simple y sencillamente no se cumplió.

De acuerdo con el documento de Transparencia, tampoco se concretaron las reuniones de trabajo con sociedad civil y familiares de las víctimas de violencia de género y dio a efecto de determinar las medidas de reparación a todas las víctimas de feminicidio en el Estado y tampoco se pudieron determinar y ejecutar las medidas de reparación adoptada por la sociedad civil y autoridades en conjunto



Sin respuesta a víctimas

Lo referente a la creación de una unidad de contexto para investigación de feminicidios quedó pendiente en lo referente a capacitar a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que conozca la integración de la unidad de contexto y sus alcances, forma de trabajo y manera de replicar dicha unidad del Estado con el fin de aplicar nuevos conocimientos respecto de la investigación de casos de feminicidio, que den respuesta a familiares de las víctimas y a la sociedad en materia de justicia.

Mucho menos se pudo presentar el modelo de operación de la unidad de contexto, alcances, modelos de protocolos de atención vinculados con sociedad civil y autoridades.



En cuanto a la estrategia de adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la justicia y que se investigue y resuelvan con debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.

Aquí la línea de acción era la revisión de carpetas de investigación de delitos de violencia contra las mujeres y las niñas, además de feminicidios.

La meta era crear un grupo de profesionistas que revisara carpetas de investigación relativas a los delitos de violencia contra las mujeres y las niñas, con el propósito de revisar su debida diligencia y exhaustividad hasta su completa investigación y resolución.



Pocos resultados

Entre las actividades que eran prioridad se establecía realizar un diagnóstico muy preciso que indique si en las investigación hubo diligente ejecución considerando la aplicación de protocolos de investigación, historia y servicios periciales con base en estándares internacionales; así como determinar si una estrategia de capacitación al funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) encargada de atender las denuncias por violencia contra mujeres y niñas.

El resultado fue el establecimiento de perspectiva de género en materia de justicia y reparación que contiene el análisis cualitativo de todos los protocolos y carpetas de investigación y el desarrollo de herramientas que permiten conocer el estado actual que guarda en las carpetas de investigación.



Ocho víctimas por mes

Lo cierto es que, de acuerdo con la estadística oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), que reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo se contempla el 60 por ciento de los casos de feminicidio que se reportaron en el primer semestre en Veracruz. Pese al subregistro la entidad se ubica en segundo lugar con el mayor número de casos.

Pero existen otros datos que ha generado el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), que da seguimiento a la nota roja de los principales medios de comunicación; acumulan 58 asesinatos de mujeres por condición de género de enero a julio, es decir, ocho víctimas por mes.



Las cifras rojas, que ponen a Veracruz en un segundo lugar nacional en incidencia de estos casos, sólo muestran que la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género (AVG) ha logrado muy poco, casi nada, para detener la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios y la impunidad que, en cambio, siguen en aumento.