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Sección: Estado de Veracruz

Gobierno de Cuitláhuac aumentará deuda de Veracruz para reestructurarla

- Busca contratar “un monto” adicional por 996 millones 848 mil 707.16 pesos

- Será para fondos de reserva de los créditos o financiamientos que se contraten para la reestructura

- Así, deuda a largo plazo de Veracruz pasaría de 41.7 mil mdp a 42.7 mil mdp

José Topete Xalapa, Ver. 25/07/2019

alcalorpolitico.com

Además de reestructurar la deuda pública a largo plazo por 41 mil 769 millones 280 mil 619.08 pesos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, busca contratar un monto adicional por 996 millones 848 mil 707.16 pesos para el pago de dicho procedimiento.

De esta manera, el monto a reestructurar pasaría a 42 mil 766 millones 129 mil 326.24 de pesos y los recursos extras servirían para constituir los fondos de reserva de los créditos o financiamientos que, en su caso, se contraten para refinanciar la deuda bancaria del gobierno.

Este jueves, la iniciativa de decreto fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Hacienda del Estado e incluye el refinanciamiento de 11 créditos a los que está comprometido el Estado, uno más que la reestructuración del pasado gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

El pasado refinanciamiento dejó fuera un crédito de 2015 que comprometía el FAFEF por 4 mil 501 millones 267 mil 535.59 pesos con BANOBRAS.

La iniciativa de decreto establece que los casi mil millones de pesos extras, equivalentes al 2.5 por ciento del monto de los financiamientos que se contraten, podrán destinarse al pago de gastos y costos asociados a la nueva contratación de los financiamientos autorizados.

Cabe recordar que el martes pasado el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, reconoció que a la fecha se desconoce el costo que generó la reestructuración del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

En la pasada LXIV Legislatura, diputados de MORENA criticaron que el refinanciamiento del panista tuvo un costo cercano a los mil millones de pesos, algo que prácticamente se repetiría con García Jiménez en caso de que se apruebe en sus términos la iniciativa que presentó a la LXV Legislatura.

Saldarán deuda con 6 entidades financieras

A la fecha las instituciones acreedoras son el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); el Banco Multiva, S.A.; Banco Santander; Banco Interacciones; Grupo Financiero Banorte y Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.

De acuerdo con García Jiménez se estima obtener una estructura de deuda “más flexible, más eficiente, con un mejor equilibrio y menor costo, así como mejoras de liquidez que fortalezcan las finanzas estatales y permitan canalizar mayores recursos para cubrir las necesidades de inversión prioritarias de la entidad y a la mejora de los servicios públicos”.

Por ello busca el permiso de los diputados, para que la contratación de los financiamientos pueda celebrarse a través de uno o varios créditos o convenios de reestructura, pagaderos a un plazo máximo de 20 años y mediante una licitación pública.

La propuesta del gobernador añade que el destino de los recursos obtenidos para el refinanciamiento, será el pago anticipado total o parcial de la Deuda Vigente de Largo Plazo, originalmente “destinada a inversiones públicas productivas”.

Adicionalmente, García Jiménez pide permiso para la contratación de garantías de pago oportuno, con cualquier institución financiera, por un monto equivalente al 30 por ciento del monto de los financiamientos que se celebren.

Estas garantías serán pagaderas a un plazo de hasta 25 años, contando a partir de la fecha de la primera disposición del financiamiento o crédito que garantice.

“En caso de celebrarse dos o más créditos, se podrán contratar tantas garantías parciales como créditos se celebren, las cuales serán constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y contarán con la misma fuente de pago de los financiamientos que garanticen, es decir, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones”.

Sólo se excluirían las participaciones federales recibidas por el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, se autoriza la contratación de coberturas de tasas de interés conocidos como CAPS, instrumentos derivados de intercambio de tasas conocidos como SWAPS y cualquier otro tipo de instrumento de cobertura.

“Hasta por el plazo que se requiera conforme a los nuevos financiamientos, con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Asimismo, se autoriza que estas operaciones cuenten con la misma fuente de pago de los financiamientos a los que se encuentren asociados”.

Igualmente se proyecta la extinción de los mecanismos de pago y del Fideicomiso Público celebrado en la reestructuración de Miguel Ángel Yunes Linares con ClBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, aunque se proyecta la creación de otros.

“Todos los fideicomisos, o instrucciones a los fiduciarios, según corresponda, deberán cumplir durante toda su vigencia con las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública gubernamental, fiscalización y rendición de cuentas”.

Se permitiría al Estado afectar los recursos provenientes del FAFEF, que en ingresos federales le corresponden provenientes del Fondo General de Participaciones, o del Ramo General 28.

Los ingresos que obtenga el Estado durante el ejercicio fiscal 2019 provenientes de los financiamientos contratados, o bien, de la reestructura de los créditos, se entenderán incorporados y formarán parte de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

“Asimismo, de resultar necesario se podrán realizar las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 a efecto de que se prevean las partidas que, en su caso, resulten adicionales a las previstas actualmente para el pago de las obligaciones que se contraigan al amparo del presente Decreto".

“De ejercerse lo autorizado en el presente Decreto en el año 2020, se deberán realizar las previsiones respectivas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno para dicho ejercicio”.