Gobierno de Veracruz protege invasión de área natural, en Coatepec; congelan denuncias

Propietarios de 2 mil hectáreas de tierras de la zona de Jinicuil Manso, la llamada Sierra Alta en el municipio de Coatepec, denunciaron colusión por parte de instancias municipales, estatales y federales ante la “invasión” de los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),.

Afirmaron que han presentado todas las pruebas al juez Francisco Javier Hernández Lima, que van desde la invasión hasta daños al medio ambiente, pues ahí se encuentra la cascada La Granada y dicha zona está inscrita en el programa de FIDECOAGUA, que abastece de agua a Coatepec, Xico y Xalapa.

“Yo no sé qué están esperando las autoridades, porque la Fiscalía en primer lugar tiene la obligación de emitir una determinación que diga si hay o no delito para que pasemos a la siguiente fase que es la de imputación, eso no ha sucedido”, dijo la representante legal de los afectados, Itzel Jurado Ortiz.



De acuerdo con la abogada de 54 personas que cuentan con escrituras de los terrenos en la “Sierra Alta”, todas las irregularidades ya están denunciadas en las instancias competentes pero siguen sin darles respuesta.

"Esto ya está denunciado en la Fiscalía en Coatepec y está en integración desde julio de 2019. Tenemos 18 meses esperando que la Fiscalía emita una determinación. Presentamos una denuncia en la Fiscalía General de la República por delitos del orden federal que hubieran cometido los servidores públicos de la SEDATU, que han cometido irregularidades en el procedimiento de deslinde".

Además, hay denuncias por delitos ambientales, pues dijo "el grupo delictivo" que llegó a invadir, se ha dedicado a contaminar el agua y talar árboles.



"Lo único que nosotros pedimos es que las autoridades se apeguen a la ley, no estamos pidiendo un favor a nadie. Este es un tema jurídico, no es un tema político, que tampoco lo hemos permitido porque se han acercado muchas personas de muchos partidos que quieren la causa. Es un tema donde ha habido omisiones, negligencias y dilación".

Uno de los propietarios invadidos, Ari Sebastián Brickman, recordó que hace algunos meses, autoridades del Gobierno del Estado solicitaron mesas de trabajo y en éstas les pidieron que desistieran de las denuncias y protestas.

"Hay muchas pruebas de que el Gobierno ha estado cobijando a está organización. Por la petición del Gobierno del Estado que nos calláramos, fue que ya no seguimos. Se nos está presionando por todo el aparato del Estado para dejar de hablar. Se nos ha pedido directamente que aguantemos, nos lo pidió la Secretaría de Gobernación".



Por lo anterior, expusieron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que también intervenga en la problemática que afecta a aproximadamente 2 mil hectáreas de las faldas del Cofre de Perote.