Gobierno de Veracruz se compromete a investigar supuestas empresas "fantasma"

Luego del reportaje de Animal Políticodonde revela que se desaparecieron 645 millones de pesos; el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, definió que la autoridad en este Estado ha actuado en términos de ley que la han respetado irrestrictamente, pero aceptó que si hay alguna circunstancia que tengan que revisar, lo harán.

En un encuentro en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, al que además asistieron el contralor general, Ricardo García Guzmán, el director de

Animal Político, Daniel Moreno, el reportero Arturo Ángel, uno de dos titulares del reportaje; Gómez Pelegrín, reiteró la postura del Estado en el sentido de que no podía aceptar que se haya manipulado o que se hayan hecho de manera ilegal las cosas.

En todo tiempo y momento se cumplió a cabalidad con lo que establece la ley, recalcó y sostuvo que en función de eso respeta al medio responsable del reportaje, pero ellos actuaron en función a la ley.

Por su parte, el director del

Animal Político, Daniel Moreno sostuvo su posición y preguntó a ambos funcionarios del gabinete de Javier Duarte cómo se dan contratos a empresas cuyos domicilios sean "Disneylandia" y el socio sea Mickey Mouse y no pasa nada.

Por su parte el contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, recomendó al director deAnimal Político

que busquen o soliciten la información al Sistema de Administración Tributaria y a la Secretaría de Economía.

Animal Político revisó 73 contratos del gobierno de Veracruz, mismos que se dieron por diferentes vías a 21 empresas que tienen socios que no reconocen ser socios y que están en domicilios fiscales falsos, son empresas fachadas, empresas de papel, lo cual constituye en centro de la investigación del medio y que este miércoles detalla cada una de esas empresas

Gómez Pelegrín puntualizó que la información usada en el reportaje fue solicitada por el medio fue entregada con fecha 23 de abril de 2015 y atendida con respuesta al 21 de mayo del mismo año.

Se solicitó de nueva cuenta el 25, 28 y 31 de marzo de 2016 y se dio respuesta los días 25 y 26 de abril del año en curso al haberse requerido vía Infomex, información que se cumplió cabalmente en términos de ley, incluso se conservan las direcciones y mostró ocho direcciones donde se ha mantenido la información.

“Se precisó que el gobierno del Estado actúa apegado a Derecho y se puso a su disposición para su verificación requerida. El reportaje habla de 73 contratos celebrados entre los años 2012 y 2013 con 21 empresas por un importante 645 millones de pesos a través de la SEV, SEDESOL, SPC y DIF Estatal”, expuso.

Agregó que las características de cada contrato son diferentes, sin embargo, en todos los casos, sin excepción alguna, las adquisiciones se sujetaron a la autorización de los subcomités respectivos, en los cuales participaron representantes de la iniciativa privada y estuvieron bajo la sanción de la Contraloría General del Estado.

Dichos subcomités, dentro de sus facultades tienen la aprobación de los métodos de adjudicación y vigilar que en todo tiempo se cumpla con la normatividad y para el caso de adjudicaciones directas por alguna de las excepciones que la ley establece, aprobar previamente los dictámenes respectivos que fundamentan y sustentan dichas adquisiciones.

“Precisamos que en todo tiempo cumplimos con la Ley de Adquisiciones y estrictamente con el artículo 55 de dicha materia”, argumentó.

El Funcionario afirmó que dichas empresas en su momento cumplieron con la norma y para ello tuvieron que acreditar su constitución legal ante notario público, estar inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, contar con el RFC y domicilio fiscal que se acredita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estar inscritos en el padrón de proveedores del gobierno del Estado, haber entregado las fianzas respectivas y haber acreditado a plenitud la representación legal de la empresa y que para el caso, la 21 empresas cumplieron a cabalidad.

Aseguró que en todos los contratos señalados se tiene definido el padrón de beneficiarios, si no se entregaron dichos padrones a los solicitantes, es decir, al medio, fue porque el gobierno tiene la obligación de proteger los datos personales, es decir, no se pueden dar a terceras personas sin autorización expresa de ellos, existiendo incluso la obligación de evitar la circulación y entrega con base en el artículo 17 de la Ley de Transparencia.

Sostuvo que se pusieron a la vista de los solicitantes a través de los medios informáticos, pero no acudieron a verificarlo y adicionalmente nunca hicieron uso del recurso de revisión que la Ley de Transparencia de Veracruz establece.

A ello, el reportero Arturo Ángel le respondió que eso era “incorrecto”, las respuestas están publicadas apenas este martes. En el caso específico de la Secretaría de Protección Civil del Estado, le respondió oficialmente que el padrón de beneficiarios es inexistente.

Pelegrín expuso que los pagos a las empresas se hicieron por transferencia electrónica y a las cuentas que tenían debidamente acreditadas ante la SEFIPLAN, fiscalizadas todas ellas.

A ello, Daniel Moreno recalcó que Animal Político no está diciendo que las empresas no son legales, lo que dicen es que el problema es mucho más complejo porque tiene que ver con procedimientos legales, con leyes de adquisición.

“Lo que nosotros estamos planteando es cómo es posible que haya una empresa con domicilio fiscal falso y que tenga como socios que dicen que reconocen, no ser socios de la empresa y no haya una autoridad que lo verifique”, señaló.

El servidor público refirió que quien inició la investigación fue Víctor Hugo Arteaga, pero dejó de lado la misma en función de que no encontró elementos suficientes para poderla continuar.

Detalló que se ha hecho por parte del medio 16 solicitudes de información, dos a la SEV, dos al DIF Estatal, 10 a la SEDESOL y 2 a Protección Civil.

En 2016 el medio hizo10 solicitudes más a SEV, una al DIF Estatal, cuatro a la SEDESOL y 9 a Protección Civil.

Afirmó que de la SEV todas fueron atendidas en su totalidad, información, contratos, sólo los padrones no fueron entregados.

En su oportunidad el contralor Ricardo García Guzmán, afirmó de manera rotunda y categórica que no hay empresas fantasmas en Veracruz, todas las empresas contratadas por el gobierno del Estado cumplen cabalmente con todos los requisitos que tienen establecidos para su contratación.

Al señalarle que se mostraron en el reportaje los domicilios de esas empresas que dice no son fantasmas, añadió que con todo respeto, no comparte esa idea, pues las gráficas no muestran la imagen de la persona que habla, pero no cuestiona la autenticidad de la investigación.

Reiteró que el gobierno del Estado se conduce con estricto apego a la verdad, a Derecho y en el caso de Marver Car, dijo que se contrató para la compra de cobertores y mostró documentos por 3 millones 600 mil pesos, entre esos la fianza, el contrato, el alta registrada en el padrón de proveedores, el registro ante el SAT, la escritura pública donde prueba la conformación de la sociedad, todo ello dijo, no se puede cuestionar toda vez que dio fe un notario público, quien tenía que checar el domicilio.

Daniel Moreno una vez más insistió en que no cuestionan la legalidad de las empresas, sino que en la práctica no existen, son vulcanizadoras, panaderías, herrerías, casas particulares y demás y nuevamente enfatizó que con pruebas de grafólogos puede decir que se trató de firmas falsificadas.

García Guzmán aseguró que no se adjudica ni se contrata ningún bien o servicio si no está debidamente requisitado, el Gobierno cumplió con la reglamentación a la que están sujetos los prestadores de servicio y hay un subcomité de adquisiciones que no sólo está formado por servidores públicos sino también cámaras empresariales y sociedad en general.

Refirió que –por ejemplo- el Estado se vio azotado por el huracán Barry y ocasionó que 109 municipios se declararan en emergencia y el FONDEN que el gobierno federal pagó lo correspondiente a 2009 en el 2012, “en algún caso que dicen que hubo adjudicaciones directas, la propia ley faculta ante situaciones extraordinarias”.