Gobierno de Veracruz también promueve Programa Especial Cultura de Paz

Ante la emergencia de atender las violaciones a derechos humanos y el deterioro del tejido social en un contexto de altos índices de violencia, el Gobierno de Veracruz elaboró el Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024.

El Programa establece pautas para hacer frente a todo lo referente en materia de prevención de las violencias, a través de programas de cultura y educación para la paz y la no violencia y de programas existentes relativos a la prevención.

Es la instrumentación de la política pública para atender y dar seguimiento a la grave problemática en materia de desaparición de personas, trata de personas, tortura, atención a defensores de derechos humanos y periodistas, violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con especial atención a las dos Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (una por violencia feminicida y la segunda por Agravio Comparado). También, la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos.



De la misma forma, la atención a toda la población en situación de vulnerabilidad, como es la población LGBTTTI, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, las personas privadas de la libertad, así como el seguimiento a las medidas de atención y protección a la población migrante.

Se reconoce que la paz no debe entenderse ni como una etapa a la que se arriba de manera definitiva, ni como ausencia de contradicciones, sino como un proceso dinámico a distintos tiempos de avances y reencauzamiento, es decir, que está en constante construcción y que depende, en gran medida, de las condiciones y contextos locales, de la capacidad de empoderamiento de las poblaciones locales en la transformación positiva de los conflictos por medios no violentos.

Es en este sentido que la paz no puede construirse sin la participación activa de la sociedad civil, requiere forzosamente el involucramiento de los actores locales; la paz, comprendida de esta manera, es articuladora del cambio social y es entendida no como una paz en singular, sino como una diversidad de paces construidas en contextos históricos interculturales específicos.



El programa especial comprende dos objetivos: el primero relativo a reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política pública transversal que atienda la problemática en la materia, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratados internacionales, con enfoque diferenciado.

Y el segundo objetivo, destinado a lograr la reducción de las violencias en las zonas de mayor incidencia en la entidad, a partir de la implementación de distintos programas de la cultura y educación para la paz, el fortalecimiento de los derechos humanos y la construcción de un Índice de Paz que permita medir las metas. Ambos objetivos constituyen los dos ejes de articulación del programa para la construcción de la política pública en la materia; a partir de los cuales se construyeron un total de diez estrategias.

El objetivo sobre derechos humanos incluye seis estrategias: coordinar las acciones de búsqueda en materia de desaparición de personas; coordinar la atención integral a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos; evaluar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, así como las emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos; coordinarla Estrategia Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz; dar seguimiento para el cumplimiento de las acciones del Programa de Trabajo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM); e instrumentar la atención integral en materia de derechos humanos a la población históricamente vulnerada desde el enfoque diferencial.



El objetivo sobre cultura de paz comprende cuatro estrategias: construir un modelo de intervención comunitaria y situacional de corto plazo, con la participación de actores locales, sociedad civil, academia e instancias de los 3 niveles de gobierno en contextos de crisis de violencia, para reconstruir el tejido social, focalizados a una población o territorio específico.

Construir con los actores locales programas de educación para la paz y la no violencia desde la educación popular y el enfoque psicosocial, a grupos o poblaciones vulnerables (principalmente en regiones con población indígena), que posibiliten relaciones de reconciliación y/o sanación, desde el empoderamiento como sujetos sociales, que coadyuven en la reconstrucción del tejido social comunitario.

Construir programas de educación para la paz y la no violencia en instituciones educativas, bajo un enfoque diferencial, que permitan disminuir considerablemente los distintos tipos de violencias.



Y fortalecer mecanismos para la seguridad, la prevención social y el combate de los hechos delictivos, que contribuya a disminuir los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en las zonas de mayor incidencia delictiva.

Las líneas de acción previstas para cada una de las estrategias, pueden sintetizarse de la siguiente forma: medidas de colaboración, promoción, difusión, prevención, capacitación, elaboración de diagnósticos, generación de bases de datos, análisis estadístico, diseño e implementación de protocolos, modelos y mecanismos de atención, seguimiento y evaluación.

El programa sienta un precedente en la medida en que, por vez primera, en el Estado de Veracruz se reconoce y se aborda una problemática sumamente compleja, tal como las violaciones a los derechos humanos en un contexto de violencia estructural que ha dañado el tejido social.



Para hacer frente a esta crisis, el programa propone la construcción de una política pública original, a través de la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, con base en objetivos, estrategias y acciones sólidamente sustentadas y orientadas a una transformación radical de las pautas de convivencia social en la entidad.

Asimismo y hasta donde nos percatamos, este programa representa un referente nacional en un momento en el que la mayor deuda del Estado hacia la población es precisamente en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.