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Sección: Estado de Veracruz

Gobierno de Veracruz ya puede lanzar licitación para refinanciar deuda

Entra en vigor decreto sobre aprobación de Congreso para reestrucuración

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 02/08/2019

alcalorpolitico.com

A partir de este viernes, el Gobierno de Veracruz podrá lanzar la licitación pública correspondiente para refinanciar o, en su caso, reestructurar la deuda pública estatal a un plazo de 20 años y podrá celebrar las operaciones financieras y actos jurídicos para su debido cumplimiento.

De ser necesario se podrá modificar el Presupuesto de Egresos del 2019, a efecto de que se prevean las partidas que, en su caso, resulten adicionales a las previstas actualmente para el pago de las obligaciones que se contraigan.

El Decreto aprobado por el Congreso del Estado, apenas el miércoles de esta semana, hoy entra en vigor y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que la contratación de financiamientos, reestructuras, garantías de pago oportuno, instrumentos derivados y cualquier otra operación autorizadas que no se realicen durante el ejercicio fiscal 2019, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal del próximo año.



En caso de que este año no se pudiera concretar la reestructuración de la deuda del Estado y se prevea realizarla en el 2020, se deberán realizar las previsiones respectivas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para dicho ejercicio.

Los financiamientos deberán contratarse bajo las mejores condiciones de mercado, esto mediante un proceso competitivo bajo la modalidad de licitación pública y los mismos principios aplicarán para la contratación de garantías de pago oportuno y, en su caso, la contratación de operaciones financieras derivadas de cobertura.

El destino de los recursos obtenidos para el refinanciamiento será precisamente el pago anticipado total o parcial de la deuda vigente de largo plazo del Estado, originalmente destinada a inversiones públicas productivas, las cuales se contrataron conforme a la normativa aplicable, así como para la constitución de fondos de reserva y, en su caso, para el pago de los gastos y costos inherentes a su contratación.



Se podrán contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 41 mil 769 millones 280 mil 619.08 pesos, con el objeto de llevar a cabo la reestructura o el refinanciamiento total o parcial de la deuda vigente de largo plazo, con la o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

Adicionalmente, se autorizó al Gobierno del Estado a contratar un monto adicional hasta por 996 millones 848 mil 707.16 pesos para constituir los fondos de reserva del o los créditos o financiamientos que, en su caso, se contraten para refinanciar o reestructurar la deuda vigente de largo plazo del Estado.

Además, con la finalidad de garantizar a los acreedores del Estado el pago de los financiamientos que se contraten, se podrán contratar garantías de pago oportuno u operaciones similares con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana por un monto equivalente de hasta el 30% del monto del o los financiamientos que se celebren, hasta por un plazo de 25 años, contado a partir de la fecha de la primera disposición del financiamiento que garantice, que incluye un periodo de disposición de hasta 20 años y un periodo de amortización de hasta 60 meses, el cual iniciará al término del periodo de disposición, cuyas cantidades ejercidas causarán intereses.



En caso de celebrarse dos o más créditos, el titular del Poder Ejecutivo Estatal o el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, podrán contratar tantas garantías parciales como créditos se celebren, las cuales serán constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y contarán con la misma fuente de pago de los financiamientos que garanticen, es decir, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser transferidas a los municipios del Estado.