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Veracruz se antoja
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Seccin: Estado de Veracruz

Gobierno Estatal habría violado derechos humanos al bloquear Fiscalía con granaderos

- CEDH advirtió que lo ocurrido el pasado martes, tras remoción de Fiscal, culminaría en denuncias
- Autoridades deberán justificar que había “necesidad imperiosa” de cerrar a diputados el paso al organismo

Claudia Montero Xalapa, Ver. 09/09/2019

alcalorpolitico.com

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) ya se presentaron a ratificar sus quejas en contra del uso excesivo de la fuerza pública para impedir el acceso a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado martes, informó la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, al agregar que este tipo de actos podrían culminar en denuncias en contra de los servidores públicos responsables.
 
Durante su visita a alcalorpolitico.com para el programa Entre-Vistas, la titular de la Comisión explicó que no permitir el acceso a un órgano público autónomo es una clara violación a los derechos humanos.
 
La semana pasada, luego de la suspensión temporal de Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General, legisladores panistas pretendieron ingresar al organismo, lo que generó actos violentos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que resguardaban el organismo para impedirles el acceso.
 
Al respecto, Matzumoto Benítez aclaró que si la autoridad justifica que existía una necesidad imperiosa, ya sea de orden público, para tomar este tipo de acciones, entonces no se incurriría en una violación.
 
“Pero todo eso se analizará precisamente en la queja, al momento de integrarla y recabar el material probatorio, para que nosotros estemos en posibilidad de determinar si hubo una acción más allá de lo legalmente permitido o si existía una acción particular que requiriera este tipo de medidas”.
 
Ello, agregó, se tendría que justificar plenamente o, en caso contrario, se estaría en presencia de una restricción al ejercicio de los derechos humanos.
 
Esta queja se va a integrar, se calificará y se determinará cuáles son los derechos que estuvieron involucrados; será al término de la integración, cuando se emita la recomendación correspondiente, dijo.
 
Si ese fuera el caso, se notificaría a la autoridad responsable y correspondería a la entidad recomendada iniciar una investigación interna y determinar individualizar quiénes fueron los servidores públicos responsables de la vulneración de derechos humanos.
 
“Entonces se iniciaría un procedimiento sancionatorio administrativo y, adicionalmente, si esa acción u omisión que quedó en la recomendación es constitutiva de un delito, pues lo que sigue es denunciar”, finalizó sobre el procedimiento que la CEDH daría a este tema.

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