Gobierno estatal retiene 6 mdp al municipio de Coatzintla pese a sentencia de SCJN

Luego de enfrentar la demanda por desvío de recursos, superior a los 30 millones de pesos, al gobierno del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, en el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio sentencia a favor del Ayuntamiento de Coatzintla para que recupere el recurso que le correspondía; sin embargo, pese a ello, la actual administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez se niega a otorgar el pago de intereses que estaba pendiente por cubrir.

La alcaldesa de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, informó que en la controversia 149/2016 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultó sentencia a favor del Ayuntamiento, luego que se había demandado por su antecesor César Ulises García Vázquez un monto de 31 millones de pesos que se gestionó, a través del Congreso de la Unión, para inversión de obra pública.

El dinero fue depositado por la Federación al Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) siendo jefe del ejecutivo Javier Duarte de Ochoa; el recurso no fue entregado a las arcas municipales y desde entonces se procedió legalmente para que se hiciera justicia.



Dijo que, tras la resolución a favor, recibió el gobierno municipal 31 millones de pesos que estuvieron retenidos y quedaron pendientes 6 millones más que corresponden a los intereses generados.

Pero, ahora están en manos del Estado y se notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esta situación, de la cual tiene conocimiento que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, recibió una amonestación ante su negativa de entregar el recurso que le corresponde a Coatzintla.

“Se está solicitando que se cumpla la ley, que se cumpla un mandato y no queremos más que eso, somos institucionales y estamos apegados a la ley”.



Si no se tiene el recurso en las arcas municipales, explicó que el Ayuntamiento no puede hacer una propuesta de inversión ante la falta de 6 millones de pesos, siendo un proceso de “cuenta gotas” lo que considera que es una ilegalidad.

“No es lo que ellos quieran, es lo que ha resuelto la SCJN a favor de los ciudadanos. Ya que es un recurso que tenía un destino desde el 2016 y causó descontento social”.

Prefiere descartar que esto tenga fines políticos o una rivalidad, ya que considera que este Gobierno Estatal debe apegarse a la legalidad, ya que son recursos etiquetados que en el 2016 debieron estar destinados para realizar 14 obras de beneficio comunitario.