Graves deficiencias en la atención a víctimas por desaparición forzada desde 2014

Desde el año 2014 organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtieron sobre la situación crítica y preocupante sobre desapariciones de personas en territorio veracruzano, muchas de ellas, se calificaron de desapariciones forzadas, sin embargo, las autoridades estatales no hicieron nada para detener esa situación, incluso, no atendieron recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Lo anterior se desprende del análisis del equipo de trabajo que se conformó para llevar a cabo acciones emergentes que atienda la problemática sobre desapariciones en todas sus dimensiones; y que aterrizó en la Declaratoria del Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, que anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 1 de diciembre de 2018.

Ante los informes nacionales e internacionales sobre la situación crítica de desapariciones, principalmente forzadas, que se registraron desde el año 2014, se puede concluir que en el pasado se ha incurrido en crímenes de lesa humanidad en el estado de Veracruz.



Datos, informes, documentales, testimonios y reportes recabados, justifican plenamente una alerta máxima de los organismos multilaterales de los sistemas internacionales e interamericanos de derechos humanos y de la comunidad internacional para poner toda la atención en lo que sucede en México y en Veracruz

Ese equipo de trabajo advirtió que con base en la información existente y con las cifras y estadísticas oficiales publicadas, en Veracruz persiste una situación de violaciones graves a los derechos humanos en lo que respecta a la desaparición forzada, debido a que éstas han sido sistemáticas y generalizadas.

También concluyó que los gobiernos de Veracruz en el periodo que va de 2006 al 2018 no han cumplido con la obligación de su función, por la insuficiente atención ante conductas como la desaparición forzada o la cometida por particulares, los feminicidios y desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, las ejecuciones extrajudiciales y las inhumaciones clandestinas, así como la inexistencia de políticas públicas, estrategias y acciones para hacer frente a esta situación.



Tan solo, desde el año 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio veracruzano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.

En un informe sobre la realidad que prevalecía en México en ese año, ese organismo expresó que ante la situación crítica en materia de desapariciones, es preocupante la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito.

Y por la serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y la calificación de los hechos con base en otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada.



También externó preocupación sobre los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos; y en particular los informes que dan cuenta de que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata.

Mientras que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la ONU, complementó en un informe que muchas víctimas no son atendidas o no son atendidas adecuadamente cuando tratan de presentar una denuncia.

En casos extremos, las familias se encuentran con tantas barreras y tanta desconfianza, que prefieren no denunciar o no dar seguimiento con las autoridades.



En los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. También que no se activa con la inmediatez necesaria un mecanismo de búsqueda. Si se abre una investigación, a los familiares, en las Procuradurías estatales, les piden dinero para realizar diligencias y les niegan acceso a los expedientes.

A lo anterior se suma a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, entre ellas, que se acredita la ineficacia en la atención a las víctimas. En efecto, en la mayoría de los casos que atendieron y que se encuentran debidamente documentados por la CEDH; a los familiares de las víctimas directas les fueron negados los servicios y apoyos que debían brindarles y, en no pocas ocasiones, fueron revictimizados.

Mientras que el Congreso del Estado omitió destinar, en el Presupuesto de Egresos 2017, los recursos financieros necesarios para la integración del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, recursos indispensables para brindar asistencia y otorgar las medidas de reparación pertinentes, convirtiendo en ilusorio el ejercicio de este derecho para las víctimas.



Y se recomendó dotar a la Comisión de Víctimas del presupuesto necesario para su plena operación, en función de las necesidades existentes en el Estado; al Fondo de Reparación de la Comisión de Víctimas de los recursos necesarios para atender las obligaciones derivadas de la Ley General de Víctimas, y la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz, y dotar con los recursos necesarios los planes de búsqueda de personas desaparecidas, así como de identificación forense de restos humanos en el Estado.