Habrá “Cero Tolerancia” al acoso sexual entre personal del DIF Estatal

En el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia hay rechazo absoluto al hostigamiento y acoso sexual y a cualquier forma de violencia contra las mujeres, por lo que no se tolerará ese tipo de conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas, por ello se aplicarán sanciones administrativas y penales al personal que incurra en esas prácticas, que van de una amonestación pública o privada, destitución e inhabilitación hasta por 5 años y prisión de 3 meses a 5 años.

En ese organismo quedaron estrictamente prohibidas las conductas dominantes, intimidatorias, u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales; manifestaciones directas o indirectas con interés sexual por una persona; el contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones o aproximaciones; espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario o alojamiento de cualquier instalación del DIF Estatal.

También quedó prohibido expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o a encuentros de carácter sexual; emitir expresiones o utilizar el lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual; preguntar a una persona servidora pública del DIF Estatal o algún beneficiario de programas, sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.



Así como exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, ilustraciones u objetos con imagen o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora; difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona; expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual; y mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas, principalmente.

Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal, emitió el pronunciamiento institucional de “Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, mismo que será difundido entre el personal; además, habrá acciones de sensibilización, capacitación y formación.

Dijo que suscribe el compromiso activo para erradicar todas las conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual y el de orientar, realizar acompañamiento y canalizar a las y los integrantes del DIF Estatal, que así lo soliciten, a la Unidad de Género para la atención de primer contacto.



A las personas que pudieran ser afectadas por esas conductas, se les hará de su conocimiento, si es su deseo, el poder denunciar en la vía penal ante las autoridades competentes o en su caso directamente ante el Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia e iniciar el proceso en materia administrativa, en virtud de que los delitos de acoso y hostigamiento sexual se perseguirán por querella.

Las sanciones administrativas están establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que son amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y una sanción económica.

Mientras que el hostigamiento y acoso sexual podrá sancionarse conforme al Código Penal de Veracruz, que impone para el delito de hostigamiento sexual, de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario mínimo. Si el acosador fuere servidor público y utilizare los medios y las circunstancias que su encargo le proporcione, será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro empleo o comisión públicos, hasta por 5 años. Cuando la víctima sea menor de 18 años, se impondrá una pena de 2 a 8 años de prisión y multa de hasta mil días de salario.



Y el acoso sexual se sanciona de 6 meses a 3 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario. Si la víctima es menor de 18 años, se impondrá una pena de 1 a 7 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario.