Hasta 4 años de cárcel podría imponerse a Juez de Huatusco de comprobársele peculado

Una pena de cuatro años de cárcel como mínimo podría imponerse a la juez de Huatusco, Rosamaría Ortiz Gómez, en caso de que sea responsable del delito de peculado; de ser absuelta regresaría a sus actividades normales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, manifestó que durante las indagatorias aparecieron dos cheques de depósito que reducen el monto del peculado, de 450 mil pesos a 200 mil pesos.

No obstante, por tratarse de un delito grave no se alcanza la libertad bajo fianza y la pena mínima que puede imponerse, en caso de resultar responsable, será de 4 años de prisión.

Además, confirmó que el viernes de la semana pasada, a Ortiz Gómez se le decretó el auto de formal prisión, por lo que permanece en el penal de Misantla.

El faltante fue detectado durante una visita judicial al Juzgado de Misantla, y no por una revisión o auditoría ordenada por el Juez que reemplazó a Rosamaría Ortiz Gómez, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

Cabe recordar que la impartidora de justicia cuando estaba adscrita al Juzgado de Misantla, dispuso de 450 mil pesos -correspondiente al pago de fianzas- y que no ingresó ala cuenta bancaria del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia.

Aunque en las primeras indagatorias aparecieron dos cheques del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia por cantidades que reducen el monto del peculado a 200 mil pesos. Sin embargo, la Juez no tiene derecho a la libertad bajo fianza por tratarse de un delito grave.

“Originalmente esos cuatrocientos cincuenta mil pesos pero aparecieron dos cheques que reducen el monto del peculado en una cantidad menor (200 mil pesos)".

Ahora la Juez está en su derecho de apelar la resolución o promover un amparo.

Para evitar situaciones como la ocurrida con la juez Rosamaría Ortiz Gómez, el Tribunal Superior de Justicia establecerá en la próxima convocatoria para el ingreso de nuevos juzgadores, la obligatoriedad de presentar un examen de confianza.

Aunque descartó la posibilidad de aplicar pruebas de confiabilidad a los jueces en activo, pues afirmó que lo que garantiza la honestidad de los juzgadores son las resoluciones que emiten.

“Si las resoluciones están ajustadas al marco jurídico, eso es una garantía, no tendríamos nada que hacer. El problema es cuando salen de ese marco, ahí es cuando existe una situación distinta; pero la mejor forma que tienen los jueces para poder evaluar su trabajo es a través de la forma en que están resolviendo los casos; la conducta es la mejor forma de evaluar a un Juez”.

El Consejo de la Judicatura impuso hoy una sanción de un mes de suspensión y sin goce de sueldo al juez Cesáreo Pío Lili, por no haber enviado una resolución dentro de los términos establecidos en la ley.