Hasta con 5 años de cárcel se sancionaría a quienes bloqueen vías de comunicación

El diputado local del PRI, José Murad Loutfe Hetty, propuso reformar los artículos 269 y 314 del Código Penal, para imponer una sanción de uno a cinco años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo a quien obstaculice una vía de comunicación estatal, rural o urbana.

Mientras que, a quien previo conocimiento de las actividades e identidad de un saboteador no informe a las autoridades, se le impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa hasta de doscientos días de salarios mínimos.

Y para quien con el fin de trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado o alterar su capacidad de asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca servicios públicos, centros de producción o distribución de bienes y servicios básicos; elementos fundamentales de instituciones de docencia o investigación; o recursos esenciales que el Estado destine para el mantenimiento del orden público, propone una multa hasta de500 días de salario y reitera la imposición de dos a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por tres años.

El Legislador por el distrito de Coatzacoalcos, considera necesarias estas reformas para frenar los constantes bloqueos carreteros y de calles; así como la toma de infraestructura pública como medida de presión a las autoridades.

Como ejemplo citó que el pasado 16 de diciembre miembros del Consejo Indígena Popular del Sur dejaron sin agua a medio millón de veracruzanos que habitan en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, al dañar intencionalmente las tuberías de la presa Yuribia que abastece del vital líquido a estas ciudades del sur de Veracruz.

Además, bloquearon por varias horas la carretera transístmica, generando pérdidas millonarias al transporte de mercancía pesada e inmovilizando temporalmente a miles de automovilistas.

“Estos hechos no han sido particulares del sur de Veracruz, esta ciudad capital también registra con mayor periodicidad bloqueos a las vialidades, generando caos vial, mermas económicas y la violación sistemática de otros derechos ciudadanos”.

Importantes vialidades como Lázaro Cárdenas, Xalapeños Ilustres o el recién inaugurado libramiento carretero son blanco fácil de grupos de manifestantes, quienes en su legítimo derecho exigen apoyos o el cumplimiento de compromisos, pero ilegalmente coartan derechos de terceros.

También recordó que en abril de 2011 miembros de un sindicato educativo impidieron por varias horas la circulación vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas de esta capital, lo que se tradujo en que centenares de personas se quedaran varadas, cientos de comercios registraran pérdidas y el tráfico de la ciudad se alterara sistemáticamente.