Hasta denuncia penal habría por no transparentar adquisición de patrullas: IVAI

Amonestación, multa económica, destitución del cargo y hasta denuncia penal, son las sanciones que podría aplicar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) a los servidores públicos de las Secretarías de Seguridad Pública; y de Finanzas y Planeación; y de la Contraloría General del Estado, que no cumplan con el requerimiento de transparentar la información sobre el proceso de adquisición de 160 patrullas para las tareas de seguridad pública.

Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del IVAI dijo que, debido al periodo vacacional de verano, el plazo que tienen esas tres instancias para atender el requerimiento del órgano garante vence a finales de agosto.

Cabe recordar que el pasado 5 de este mes, Pleno del Consejo General del IVAI revocó el acuerdo de la Secretaría de Seguridad Pública de reservar por cinco años esa información, por lo que se les concedieron cinco días para que se entregue la información, mismos que corren a partir de que la resolución esté firme y sea definitiva, toda vez que los sujetos obligados tienen 15 días para interponer una impugnación, que hasta el momento ninguna de las tres instancias ha recurrido a ese recurso.



Se puede presentar un amparo ante el Poder Judicial o un recurso de impugnación ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), sin embargo, en esas dos instancias se atraviesa el periodo vacacional de verano.

Agregó que en el acuerdo emitido por la SSP para reservar por cinco años la información sobre la adquisición de las 160 patrullas, no se fundó, no se motivó y no se realizó la prueba de ponderación o de daños, es decir, no se argumentó que habrá más daños que beneficios dar a conocer esa información.

En ese sentido, expuso que una razón válida para reservar ese tipo de información, por ejemplo, no se pueden entregar las características de las patrullas porque el crimen organizado sabría contra qué se va a enfrentar.



Pero las facturas, los costos y el procedimiento de la adquisición de las patrullas con recursos públicos “de ninguna manera se puede reservar”.