Hilario Barcelata dejó al IPE en desorden; faltan 250 mdp para solventar trámites rezagados

Un desorden administrativo dejó la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que presidió durante los dos últimos años Hilario Barcelata Chávez.

La actual Directora de ese Organismo Público Descentralizado, Daniela Griego Ceballos, dijo que hay cerca de mil 770 trámites rezagados que significan un pago superior a los 250 millones de pesos y no se dejaron recursos para solventarlos.

Son acuerdos aprobados y autorizados por el Consejo de Administración en 2017 y 2018 que no se atendieron y ahora la actual administración del IPE tendrá que enfrentar.



Entre los acuerdos aprobados que no se atendieron mencionó las altas de nuevas pensiones y su correspondiente retroactivo, lo que significa el pago desde el día que se acuerda la jubilación hasta que causa alta en la nómina de pensionados, “tenemos casos que lamentablemente datan de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho que no se les ha pagado”.

Retraso en la devolución de cuotas aportadas por más de 20 millones de pesos, es decir, cuando el trabajador por despido o accidente deja de aportar y solicita la devolución de sus cuotas; así como solicitudes de apoyo para gastos funerarios.

“Hemos estado haciendo los ajustes necesarios. Ha venido mucha gente reclamando con justificada razón sus pagos, estamos armando un primer calendario para empezar a cubrir esos pendientes que nos dejó la administración pasada, que debieron haber atendido en su momento y que no lo hicieron”.



Griego Ceballos, añadió que a principios de este mes se entregó a la Contraloría General del Estado el dictamen de la entrega-recepción.

Ahora se está en el proceso de la elaboración de los dictámenes de las Subdirecciones del IPE y se remitirá a la Contraloría General, aunque expuso que no habrán de variar con el dictamen de la Dirección General.

“Estamos a la espera de la respuesta y de las observaciones para ver que procede y ver si es necesario tomar alguna medida correctiva o sancionadora”.



Aunado al proceso de entrega-recepción, adelantó que por ley se tiene que hacer una auditoría y un estudio actuarial que ayudará a conocer las finanzas y las perspectivas a mediano plazo del Instituto.

Expuso que esas observaciones no necesariamente constituyen un presunto daño patrimonial porque no hay un desvío de recursos como tal, pero si hay un desorden administrativo.

“Tenemos la carga mensual de la nómina de pensionados. Nos tocó llegar con diciembre encima, con la nómina de más de mil millones de pesos, porque es pensión, aguinaldo y algunas otras prestaciones que se pagan, afortunadamente se pagó bien. Pero en este mes de enero ya dependemos del subsidio porque la nómina normal para las pensiones es de 400 millones de pesos y cada mes varía porque hay nuevas altas”.