Este lunes es el último día que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) para acusar formalmente al exgobernador Javier Duarte de Ochoa de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Hay que recordar que hasta la fecha el exmandatario está en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Así, según publica
Animal Político este lunes, la nueva acusación es fundamental para que continúe el proceso que promueve la PGR desde el año pasado en su contra y con ello llegar a un eventual juicio. No obstante, si la acusación no se hace dentro del plazo legal correspondiente, el Juez tiene la posibilidad de notificar directamente al procurador para saber qué ocurrió.
No obstante, si transcurren otros quince días sin respuesta, el caso se daría por cerrado en automático. Una vez que la Procuraduría cumpla con la presentación de la acusación por escrito, ésta debe ser notificada de inmediato tanto a la víctima, que en el caso es la Secretaría de Hacienda, como al acusado a través de sus abogados.
Posteriormente, el Juez deberá convocar a la audiencia pública para debatir si la acusación cuenta con las formalidades para ir a un juicio y si las pruebas son suficientes para ello.
Se trata de una prisión que sólo es de carácter preventivo, mientras se determina si la Procuraduría reúne pruebas suficientes para sostener la imputación que hizo en contra del exmandatario; aunque esta fase inicial del proceso se ha alargado por más de un año.
Animal Político advierte que la legalidad de varias de las pruebas bancarias que la PGR dijo tener en la audiencia inicial para acusar a Duarte se encuentra en duda, pues no se reunieron con los requerimientos que marcan la Constitución ni los criterios de la Corte; lo que podría favorecer la defensa del exgobernador.
No obstante, hay que recordar que la Fiscalía de Veracruz consiguió que un juez de la Ciudad de México iniciara dos procesos más en contra de Duarte, por el presunto desvío de recursos hidráulicos en su gestión y el uso ilegal de un helicóptero oficial. Estos casos se encuentran en el periodo de investigación complementaria, que vence en noviembre próximo.
Además, existen dos órdenes de aprehensión pendientes en contra del exmandatario; una es por presunta desaparición forzada y otra por delitos electorales. Sin embargo, la posibilidad de que ambos casos avancen depende de que Guatemala dé el visto bueno, pues dicho país concedió su extradición sólo por los procesos que ya están abiertos.