Imponer cadena perpetua a secuestradores viola los derechos humanos: Díaz Aranda

La propuesta para que se incremente a 50 años de cárcel o cadena perpetua para el delito de secuestro viola los derechos humanos, aseveró el investigador de la UNAM, Enrique Díaz-Aranda.

Consideró que la medida puede llevar incluso a juicio político, pues recordó que quien presenta una iniciativa es el presidente de la República o el Gobernador en turno.

Y es que subrayó, dicha reforma constitucional señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Es decir, si se habla de una reforma constitucional que está diciendo que el fin de la pena como prevención especial está la reinserción, ya no solo la readaptación, y ésta se puede conseguir solamente cuando le doy una segunda oportunidad, ello implica penas cortas, no penas largas que no permiten la reinserción.

“Porque ya el sujeto habría estado tanto tiempo fuera del núcleo social que habría generado un efecto disocializador; pero el problema es todavía mayor, se quiere presentar como una política criminal en contra del crimen, en este caso el delito del secuestro como una acción afirmativa, positiva cuando los números dicen todo lo contrario”, expuso.

Precisó que a nivel del Código Penal federal, promulgado en 1931, solamente iba de 5 a 30 años de prisión, cuando hoy alcanza penas hasta de 70 y preguntó si con ello se ha disminuido la comisión de secuestros.

Refirió que los estados que más sancionan con penas el secuestro son el Distrito Federal y el Estado de México; pero son las entidades donde se comete el 75 por ciento de los secuestros de todo el país.

“Qué quiere decir, qué penas más elevadas no disuaden. Lo que sí disuade es la aplicación efectiva de las penas; pero para eso necesitamos de muchos presupuestos”, aseveró.

Por ello, insistió en que la medida (aumentar la pena a los secuestradores) puede llevar a un juicio político y recordó que el que presenta una iniciativa es el Presidente de la República o el Gobernador en turno.

“Si esto está siendo violatorio porque contraviene los designios de la Constitución, el estado debe investigar y en su caso sancionar al servidor público responsable”, sostuvo.