INE y Estado de Derecho

“El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.” (Constitución Política de México, artículo 41, fracción V, apartado A, primer párrafo).

En relación con los principios rectores de la función electoral, en cierta ocasión, escuchamos que el principio de legalidad es el primer paso hacia la legitimidad y que este principio resume a todos los demás. Advertimos esto, pues queremos evitar distracciones, ya que el tema es el propósito de los ciudadanos de vivir bien dentro del Estado mexicano y a partir de ese anhelo destacar la relevancia del organismo electoral.

El punto de vista sociológico constata que, en este anhelo ciudadano de vivir bien, se encuentra el origen del Estado (status implica la noción de estabilidad). También considera que más que las diferentes modalidades jurídicas, lo que importa observar es la realidad vivida del poder político, tal como se impone a la población. La pregunta que domina su observación es la siguiente: ¿La población será pasiva, estará sometida a una autoridad que sólo le dejará el derecho de obedecer, o bien tendrá un papel activo en la dirección de los asuntos del Estado? Dicho punto de vista considera que ésta es la pregunta esencial.



El propósito nuestro no es contradecir sino contrastar, pues se acepta que existen modalidades jurídicas, pero se pretende ver más allá de ellas. Desde la observación anterior de carácter sociológico, el observador se vio inducido a distinguir los regímenes políticos de tipo autoritario y los regímenes de tipo dialogal. De los primeros, sin pretender abarcar todos los matices, distingue las monarquías de estilo antiguo, las dictaduras marxistas, las dictaduras fascistas y los regímenes contemporáneos de tipo consular.

La presentación que hace esa sociología del régimen contemporáneo de tipo consular, ofrece mucha materia para meditar sobre nuestro país, pues se dice que se caracteriza por la reunión de los poderes en las manos del jefe del Estado y se explica, generalmente, por la necesidad de una autoridad dinámica y el vacío político debido a la falta de personalidades o de tradiciones democráticas. Prácticamente se considera como un mal necesario, en tanto es menester construir de arriba abajo una armazón política adaptada a una situación de transición que plantea problemas muy difíciles, que pocos son capaces de comprender.

Por contraste, todo régimen de tipo dialogal es en realidad una democracia. Mientras en los regímenes del tipo autoritario, los habitantes del país son súbditos, son tratados como menores, aun cuando la autoridad se comporte con ellos paternalmente. En los regímenes de tipo dialogal, los habitantes del país son considerados como ciudadanos, es decir, como miembros activos, de la comunidad política, en la que todos, si quieren, por lo menos mediante sus papeletas de voto, pueden desempeñar un papel que influirá en el destino colectivo. Así, la alternativa es: o régimen autoritario, o régimen democrático.



Todo viene a cuento porque la división de poderes es una peculiaridad de las democracias. La distinción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no es solamente un instrumento de análisis, sino sobre todo un medio de luchar contra la omnipotencia y la arbitrariedad del poder político, que es la tentación cuando está reunido íntegramente en las mismas manos (confusión de poderes).

La separación de poderes real y la necesaria colaboración entre ellos es una enseñanza elemental para los estudiosos de las leyes. Así como es elemental saber que a cada poder debe corresponder un órgano y cada uno de ellos tiene su función.

Si pensamos en la Constitución Política de México y en el ambiente federal, el poder ejecutivo encuentra su órgano gubernamental en el Presidente de la República y, su función es la gubernamental o administrativa.



El poder legislativo halla su órgano en el Congreso de la Unión (unión de Estados federados a los que se suma la Ciudad de México), su función es legislativa que tiene por finalidad establecer lo marcos generales de la actividad de los poderes públicos y de los ciudadanos.

El poder judicial tiene una diversidad de órganos que se pueden sintetizar afirmando que son los jueces y tribunales. La función judicial tiene por objetivo regular los litigios que sobrevengan entre el Estado y los particulares, entre éstos, entre los diversos grupos e instituciones privadas e incluso entre los diversos organismos públicos.

En este contexto, además de la administración centralizada, se ubican también instituciones especializadas, algunas con gran relevancia. El Instituto Nacional Electoral es una institución especializada. “El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.” https://www.ine.mx/que-hace-el-ine/



Al punto de vista sociológico, que verifica cómo están las cosas, se le escapa la necesidad de garantías, protección eficaz de los derechos de los ciudadanos, y de previsibilidad, ya que, cuanto más previsibles sean las decisiones de los demás que condicionan el ejercicio de las propias libertades, tanto mejor puede el ciudadano planificar y dirigir su actividad.

La garantía y la previsibilidad son elementos integrantes de la justicia política, lo cual significa que ésta es necesariamente jurídica: postula la presencia de un cuerpo de normas públicas, que imponen deberes y confieren derechos, dentro de la sociedad política, a la que se encuentran sometidos todos, empezando por la misma autoridad. Por este motivo, el Estado democrático se ha ido configurando también como Estado de Derecho. El INE, o dicho de modo más general, la autoridad electoral es una de las garantías en el ideal de escoger mujeres y varones sabios y experimentados, de una conducta bien acreditada en la población, para ponerlos como representantes en los quehaceres del gobierno del Estado.

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