Infundada la solicitud para anular la elección presidencial: TEPJF

Magistrados del Tribunal Electoral argumentan que es infundada la solicitud de una anulación de la elección presidencial.

El financiamiento encubierto por parte de Monex es infundado, no se comprobó que las tarjetas Soriana fueran distribuidas a cambio del voto, tampoco hubo sesgo en las encuestas de Milenio, ni existió el contrato con Televisión Network, así lo concluyeron magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Desde que el secretario general de Acuerdos, Marco Antonio Zavala Arredondo, leyó el proyecto de sentencia que desde el martes tenían terminado, comenzó a desechar cada una de las pruebas que la coalición Movimiento Progresista presentó.

Con respecto a las tarjetas Soriana, dijo que no se demostró que las tarjetas fueran distribuidas a cambio del voto, pero tampoco que hubiera gastos excesivos en la campaña de Enrique Peña Nieto, porque les falto el valor probatorio y no basarse en entrevistas.

Asimismo afirmó que no existieron elementos que comprobaran que la entrega de despensas fuera mediante tarjetas y que tampoco hubo desvío de recursos públicos de los gobiernos estatales priístas de los estados.

Para los magistrados del TEPJF, las encuestas de Milenio y Gea-Isa, no tuvieron errores muestrales ni pudieron comprobar que estuvieran manipuladas y estas, cambiaran la percepción de los votantes.

“El supuesto Contrato Televisión Network, no se puede comprobar que se haya pactado el pago de 56 millones de dólares, se presentan inconsistencias”, manifestó el secretario general de acuerdos.

En este sentido, desecharon el supuesto financiamiento de Monex, ya que las pruebas presentadas por Movimiento Progresista fueron notas periodísticas y entrevistas, principalmente de Carmen Aristegui, y éstas “tienen carácter indiciario, no comprueban nada”.

En este mismo punto, el magistrado, Salvador Olimpo, declaró como infundados los comentarios en radio y televisión a favor de Enrique Peña Nieto, por ser subjetivos.

El magistrado, Flavio Galván opinó que no hay indicios, ni pruebas, y que las presentadas “son inoperantes, genéricas e imprecisas”.

Para los magistrados, los contratos que hizo el PRI fue sólo un mecanismo de disponibilidad de dinero “sin finalidad ilícita”.

Incluso la bodega que supuestamente era de la Secretaría de Educación de Veracruz, no pudieron constatar que efectivamente era de la SEV, ni de qué fecha fue el video que presentaron como prueba, las izquierdas.

La tarjeta tamaulipeca, los testimonios de personas que aseguraron amenazas para ejercer su voto, los supuestos niños (halconcitos) que verificaban que se votara por el PRI y los mensajes de texto incitando al voto, el día de la elección, tampoco existieron o se pudieron comprobar.

Con respecto a los incidentes sucedidos en Chihuahua, los magistrados concluyeron que no vincularon la información con medios de prueba, así como la votación del más del 100 por ciento en algunos municipios, no fueron atípicas.

No hubo errores evidentes en el conteo, escrutinio y cómputo, ni tampoco se embarazaron urnas, definieron los magistrados.

El magistrado, Salvador Olimpo Nava, defendió su trabajo asegurando que leyeron y analizaron todas las pruebas, y que nada se pudo comprobar “porque no se violó la constitución”.

En este sentido, agregó que no existen argumentos para señalar a los magistrados de imparciales.