Inicia Gobierno Federal Programa Nacional de Combate a la Corrupción e Impunidad

En una nación como México, que en el año 2017 tuvo un costo de 7 mil 217.8 millones de pesos en actos de corrupción y en 2018 en un grupo de 137 países ocupó el lugar 127 en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares se colocó en el lugar 105; en confianza ciudadana hacia sus políticos en el lugar 127; en el lugar 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos y tuvo un alto índice de impunidad, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pone en marcha, a partir de este sábado, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora en la Gestión Pública 2019/2024.

El objetivo del referido programa es erradicar la corrupción y asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, lo que implica impedir el desvío de recursos públicos; evitar la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones; eliminar la extorsión; oponerse al tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo; y frenar la exención de obligaciones y de trámites, así como el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.

En 2017, en México, el 14.6% de la población adulta experimentó algún acto de corrupción, mientras que 5.4% de los establecimientos la padecieron; además, su tasa de incidencia (25 mil 541 delitos por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue mayor que la de robo en calle o transporte público (11 mil 81 delitos por cada cien mil habitantes).



Por cuanto hace a las denuncias por actos de corrupción, su proporción es muy baja, ya que ocho de cada diez personas y tres de cada cuatro empresas que conocieron de alguno no lo denunciaron y 26.4% de las personas no lo hicieron porque lo consideraron inútil.

Ante ese panorama se pretende combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción; combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal; promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública; promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal y promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado mexicano.

Erradicar la corrupción, el dispendio, la frivolidad y mejorar el uso de los recursos públicos, es una demanda impostergable en el país y para la presente administración federal es claro que la forma más directa, eficaz y contundente para promover tanto la eficiencia y eficacia en la gestión pública, como el uso de los recursos humanos y materiales orientándolos al bienestar general de la población, es mediante el combate frontal a la corrupción y a la impunidad.



El diagnóstico señala que es en las últimas décadas, particularmente desde el inicio del periodo neoliberal, que la corrupción creció hasta alcanzar magnitudes preocupantes.

Las prácticas que en el pasado fueron toleradas por la sociedad, como un mal necesario para aceitar la maquinaria gubernamental, terminaron por dañar severamente la capacidad de las instituciones para desarrollar sus tareas y atender las necesidades de la población, también minaron la confianza en el Gobierno y propiciaron inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales a plenitud; además de que incidieron de manera perniciosa en el desarrollo económico nacional.

Por ello, erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad es el primer llamado que se hace en el Eje General de la Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).



Mejorar el uso de los recursos públicos es una demanda impostergable en el país y para la presente administración es claro que la forma más directa, eficaz y contundente para promover tanto la eficiencia y eficacia en la gestión pública, como el uso de los recursos humanos y materiales orientándolos al bienestar general de la población, es mediante el combate frontal a la corrupción y a la impunidad.

La corrupción se puede entender como el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En el marco de este programa, se entenderá como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía.

Esta solución se centrará en factores como la ciudadanización y los mecanismos de contraloría social, los sistemas de control y sanción, la fiscalización y la rendición de cuentas.