Integrante del Comité del Sistema Anticorrupción estaría inmiscuido en daño patrimonial a CMAS

Víctor Manuel Andrade Guevara, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aseveró que sin autoridad moral no se puede combatir la corrupción; por lo que dijo que sería saludable que los cinco integrantes del referido Comité renuncien al cargo y vuelvan a sujetase a una revisión más objetiva e imparcial por parte de la Comisión de Selección.

A casi un mes de que se instaló el Comité insistió en que algunos de sus integrantes no cumplen con los principios de probidad y prestigio, ni se han destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, entre ellos Emilio Cárdenas Escobosa y Sergio Vázquez Jiménez, quien funge como presidente del referido Comité y que podría tener responsabilidad por un daño patrimonial en la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

Como ejemplo citó que el año pasado la CMAS contrató los despachos contables Corporativo CAREMM S.A de C.V.

y Contadores y Abogados Corporativos S.C., este último con dirección legal en la calle Escribo 108 B de la colonia Hípico, con Código Postal 94296, en Boca del Río y propiedad de Sergio Vázquez Jiménez, para realizar una auditoría técnica a la obra pública y financiera con motivo de la Cuenta Pública 2017 y no hicieron una sola observación pese a las irregularidades que posteriormente detectó la Comisión Especial de entrega-recepción.

Incluso, en el dictamen de entrega-recepción de CMAS se señala que los contratos no están justificados, que se adjudicaron en desapego a la ley y presentaron una simulación en sus ofertas; por lo que podrían tener responsabilidad en el daño patrimonial que se detectó en CMAS por 2 millones 674 mil 819.18 pesos, cantidad que cobraron a ambos despachos por sus servicios.

Andrade Guevara expuso que ahora que en Veracruz habrá una nueva composición política, con los poderes Ejecutivo y Legislativo dominados por MORENA y sus aliados, es necesario que se revise el procedimiento de selección de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.



Cabe recordar que el pasado 13 de junio tomaron protesta de ley Sergio Vázquez Jiménez por un periodo de un año y es el primer presidente del Comité de Participación Ciudadana; José Emilio Cárdenas Escobosa, por un periodo de dos años; Alma Delia Hernández Sánchez, por tres; José Antonio Muñoz de Cote, por cuatro y Mercedes Santoyo Domínguez, por cinco.

En la revisión del Dictamen Técnico de entrega-recepción de CMAS se asienta que los despachos externos Contadores y Abogados Corporativos S.C.(de Sergio Vázquez Jiménez) y Corporativo CAREMM S.A de C.V.

fueron contratados por CMAS con el objeto de llevar a cabo los servicios profesionales para la ejecución de la auditoría técnica 2017 a la obra pública para efectos del Órgano de Fiscalización Superior, por un monto de un millón 194 mil 909.59 pesos.

Para los mismos fines, una auditoría financiera presupuestal y legal por un monto de un millón 479 mil 909.59 pesos. De acuerdo con el dictamen, ambos contratos por la prestación de servicios son: Nº CMAS-036/2017 y CMAS-39/2017 y fueron asignados en desapego a las leyes aplicables, ni están justificados.

Tan sólo en el contrato Nº CMAS-036/2017, el procedimiento de adjudicación directa debió haberse realizado conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y no con la Ley de Adquisición, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas del estado de Veracruz.



El dictamen de revisión del expediente de la entrega-recepción advierte que ambas empresas o despachos están constituidas por socios en común o con vínculos familiares, lo que hace evidente una simulación en el comparativo de las ofertas presentadas.

Por lo que ambos contratos resultan improcedentes debido a que la entidad paramunicipal cuenta con estructura orgánica para realizar las actividades que fueron contratadas por esos despachos externos.

Así, el Comité de entrega-recepción de CMAS advirtió un posible daño patrimonial por 2 millones 674 mil 819.18 pesos, independientemente de las responsabilidades administrativas en que pudieron incurrir los servidores públicos y los despachos externos prestadores de los servicios contratados.



Mientras que en el caso de Emilio Cárdenas Escobosa, expone que el señalamiento es que ha sido un funcionario de Gobierno y que estuvo ligado a gobiernos priístas, particularmente al de Javier Duarte de Ochoa donde hubo altos niveles de corrupción sin que él ninguna vez se deslindara o se caracterizara por haber combatido la corrupción.

“En su caso, el señalamiento es que no es alguien identificado con la lucha anticorrupción, entonces está ocupando un lugar que debiera ser administrado por alguien que tenga una representación ciudadana, con una trayectoria como ciudadano independiente; creo que ese es el principal inconveniente de esa persona”, finalizó.