El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), César Camacho, señaló que “la integridad de los jóvenes, los de Tierra Blanca, los de Ayotzinapa o los de cualquier entidad federativa deben estar en el centro de interés y de la atención de quienes tenemos que ver con estos temas, en nuestro caso, completando el entramado jurídico que necesita la autoridad para actuar con mayor eficacia”.
También, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, manifestó que “siendo un asunto tan delicado, prefiero esperar a que las autoridades competentes nos den una versión oficial, de modo que le cerremos el paso a las conjeturas”.
Por lo pronto, agregó el diputado federal, “más allá de banderas políticas, esto lo que requiere son buenos resultados. Son jóvenes o familias que han sufrido las consecuencias del crimen organizado que no da tregua ni cuartel a la gente de buena fe que lo que quiere es vivir en paz”.
A pregunta expresa sobre si tendrá el gobernador que dar cuenta de estos hechos, respondió, “tendría que dar cuenta de los hechos aquella autoridad a quien le corresponda. Más allá de filiaciones políticas o ubicaciones geográficas. El primero de los valores que se tienen que garantizar es la convivencia pacífica en una especia de pacto social original”.
“Lo primero que una autoridad debe garantizar es la seguridad de la comunidad a la que aspira servir”, dijo.
Resaltó, “creo que ese modus operandi frecuente en el crimen organizado que, por cierto, no conoce fronteras, es decir, independientemente de gobiernos municipales o estatales es un fenómeno que padece una buena parte de la sociedad mexicana y esto se relaciona justamente con la propuesta de Mando Único”.
“Si los criminales actúan impunemente con similares mecanismos. Lo peor que puede pasar es que el Gobierno se muestre remiso o que el poder público tenga que ajustarse a la frialdad de las normas jurídicas que por estar vigentes en un Estado y en otro no, acaben por hacer ineficaz la acción pública”, sostuvo.
Por eso, indicó el político priísta, “sí tenemos que cuidar competencias territoriales, ámbitos de Gobierno, pero por encima de todo eso no hay ciudadanos municipales, estatales o federales, son mexicanas y mexicanos deseosos de vivir en paz”.
¿Se justifica en estos casos el Mando Único, entonces?
“En el entendido que, si hay algunas decenas, no creo que muchas, de municipios con capacidad suficiente para seguirse haciendo cargo del tema de la seguridad, que lo hagan, pero no como ínsulas de poder o de autoridad sino siempre bajo la consigna de la coordinación institucional”, concluyó.