Intenso trabajo espera a las 40 comisiones que operarán en la Legislatura federal

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que esta semana los diferentes grupos parlamentarios deberán definir la integración de las comisiones ordinarias que ya fueron aprobadas por el Pleno.

En ese sentido, el legislador saludó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el que se constituyen 40 comisiones ordinarias, entre las que figuran las de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Educación, Energía, Gobernación, Justicia y otras.

Destacó que esta Legislatura ingresó desde el día uno con un intenso trabajo, aprobando en los primeros días proyectos sustanciales para la vida pública de México, como el nuevo marco legal para el Juicio Político y el Desafuero, así como la legislación que regula el procedimiento para la Revocación de Mandato, figura esencial para transitar hacia un régimen de mayor democracia participativa.



No obstante, consideró que con la instalación de las comisiones ya aprobadas se reforzarán los trabajos de análisis, discusión y aprobación de asuntos tan relevantes como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, así como el inicio del diálogo para la construcción de los acuerdos que requieren reformas de amplia relevancia, como la iniciativa recientemente presentada por el Ejecutivo Federal que propone una profunda transformación de la Industria Eléctrica Nacional.

También subrayó la importancia de que en el Senado de la República se aprueben las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General que permitirá concretar la constitución de las 11 comisiones restantes acordadas por la JUCOPO, entre las que destacó las de Reforma Político Electoral, Seguridad, Bienestar y Zonas Metropolitanas.

Comisiones cuyos trabajos permitirán, desde la actualización del Sistema Electoral Mexicano, hasta la definición de la actual Legislatura como de la Pluralidad, pasando por reformas esenciales para fortalecer el régimen jurídico de las instituciones de seguridad pública, los instrumentos jurídicos que promueven el bienestar de toda la población y los mecanismos para una mejor coordinación y atención de las necesidades de la vida cotidiana en las zonas conurbadas, cada vez más numerosas en nuestro país.