El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es igual de fraudulento que el de Javier Duarte de Ochoa, pues de la misma manera descontó por lo menos 47 millones de pesos a 5 mil trabajadores; tal monto estaba destinado para que éstos pagaran adeudos con la Financiera de Objeto Múltiple
Intermercado GB Plus.
Por este motivo, el representante de la empresa, Elios Castro, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia en contra de Guillermo Moreno Chazzarini, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); Francisco Javier Jiménez Rocha, subsecretario de Egresos; Fernando Martínez Villicaña, director general de administración; Bernardo Segura Molina, subsecretario de Finanzas y Administración y el tesorero, Adrián Viccon Basto, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, abuso de confianza e incumplimiento de un deber legal.
“El gobierno de Javier Duarte se lo quitó a los trabajadores y decidió no entregarlo; mientras que el de Miguel Ángel decidió hacer lo mismo. Eso, desde la perspectiva que se quiera ver, se llama robo”, dijo contundente el abogado Juan José Llanes, asesor jurídico de la empresa.
Señaló que no hay un argumento plausible ni coherente que pueda darse para justificar esta acción y mucho menos porque no se trata de dinero del erario, sino de los trabajadores.
“Cuando él (trabajador) me entrega un dinero para que yo lo transfiera a otro y decido quedármelo, se llama abuso de confianza y si lo hago desde el poder público, se llama abuso de autoridad”, acotó.
El litigante emplazó al Gobernador y al Titular de la SEFIPLAN para que vengan a dar explicaciones. No obstante, expresó con seguridad que no confía en la Fiscalía, dado que el titular de ésta (Jorge Winckler Ortiz) es un señor que está subordinado al Gobernador, “es un señor que ofende el concepto de autonomía, que se comporta como empleado, que ante esto le va a llamar a su patrón para preguntarle qué va a hacer, pero tenemos que venir aquí, porque no hay otra instancia”, expresó.
—¿Se va a quedar detenido esto?—, se le cuestionó.
—Esa es una pregunta que invitaría a los medios que se la formulen al Fiscal, pero nosotros no confiamos en que vaya a tener un avance si no es forzado por el Poder Judicial de la Federación, al que hay que acudir para que estos de aquí (FGE) trabajen—, respondió Llanes Gil.
Manifestó también que en un contexto de justicia selectiva, dudan que la FGE vaya a querer tocar siquiera con el pétalo de una rosa al Mandatario veracruzano.
Por su parte, Elios Castro mencionó que estos recursos (47 millones de pesos) no corresponden al gobierno pasado, sino al actual, tras la firma de un contrato de colaboración en 2017 por la que se otorgaban créditos a los trabajadores, pero se han dejado de pagar por un espacio de 8 meses.
Indicó que personalmente ha intentado tener un acercamiento con personal de la SEFIPLAN, requiriéndoles el pago y ni siquiera les contestan.
No obstante la omisión de pago a la empresa, a los trabajadores se les descuenta quincena tras quincena, pero al no hacerse el registro a
Intermercado, ésta los está enviando al Buró de Crédito.