Investigan a 4 exfuncionarios por irregularidades en caso de Gibrán y Eduardo de la Cruz

El caso de la desaparición forzada de José Eduardo de la Cruz Caballero dejó en evidencia irregularidades ocurridas durante 2014, último año en que funcionó la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Igualmente, demuestra faltas cometidas tras la creación de la Fiscalía General del Estado (FGE) a inicios de 2015, luego de que pese a las pesquisas no se investigó el delito de desaparición forzada contra algunos de los presuntos responsables, a quienes se procesó únicamente por incumplimiento de un deber legal.

Por esta razón, la Fiscalía General del Estado confirmó que aparte de los 7 exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que buscan procesar por el delito de desaparición forzada, hay 4 exintegrantes de la PGJE y de la Fiscalía que están siendo investigados.

Lo anterior quedó evidenciado durante la audiencia de imputación a proceso de los exelementos de la SSP: I.C.E., M.R.S. y J.L.P.V., los primeros 3 detenidos de los 7 expolicías imputados por ese crimen.

Cabe recordar que la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) implicó a 13 funcionarios en el asunto, lo que también demuestra deficiencias de las áreas encargadas de la procuración de justicia.

La audiencia se realizó entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes, confirmando que además de los integrantes de la SSP, otros exfuncionarios del Gobierno del Estado a través de la PGJE y también de la FGE, son probables partícipes de desaparecer a de la Cruz Caballero, así como de levantar y asesinar al cantante Gibrán David Martiz Díaz y a un menor de identidad resguardada.

La juez de control en Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, aceptó los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, vinculando a proceso a los exelementos mencionados, quienes recibieron un año de prisión preventiva imputados de haber participado en la mencionada desaparición forzada ocurrida el pasado 7 de enero de 2014 en Xalapa.

Aunque la FGE pidió 6 meses de investigación complementaria, la juez sólo concedió 3 meses al organismo autónomo para recabar más pruebas.

En su momento la PGJE y la FGE no tuvieron la intención de perseguir, investigar y llevar a juicio a los policías estatales involucrados en el homicidio del excantante de La Voz México, del menor de edad, así como por la desaparición de José Eduardo de la Cruz Caballero, quien a la fecha sigue desaparecido.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía Especializada en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien integró la parte acusadora, las irregularidades cometidas serán investigadas y en su momento se buscará una sanción contra los responsables.

Confirmó que a la fecha ya existe una denuncia e investigación en contra de 4 ex funcionarios de la FGE y de la PGJE, ya que “todos enfrentarán sus responsabilidades”.

Además, se busca detener a los expolicías de la SSP identificados como A.B.M., M.O.A., U.P.P. y F.J.L.D., los otros 4 que también participaron en la desaparición forzada perpetrada el 7 de enero de 2014 según la Fiscalía.

Esto aunque la defensa de los tres expolicías argumentó que el delito de desaparición forzada no estaba incluido en el Código Penal al momento de registrarse los hechos, con lo que a su parecer, se aplicaría la Ley de forma retroactiva.

La defensa también argumentó que en 2015 los expolicías ya fueron juzgados prácticamente con los mismos elementos de prueba por el delito de incumplimiento de un deber legal, lograron su libertad y nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por los mismos hechos. De ahí que los abogados de los expolicías aseveraron que la FGE está intentando convertir a sus clientes en “chivos expiatorios”.

La FGE rechazó tales argumentos de la defensa, sosteniendo que el juicio se llevó a cabo principalmente durante la gestión de Luis Ángel Bravo Contreras y se trató de “una cosa juzgada y aparentemente fraudulenta”.

El fiscal Luis Eduardo Coronel Gamboa rebatió que existe jurisprudencia y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marcan que ante un caso así, pueden abrirse los expedientes para ser retomados e investigados a fondo.

Por su parte, la Juez consideró que el volver a juzgar a los expolicías no viola el principio de irretroactividad, aceptando el argumento de la Fiscalía que señala que la CIDH establece que los delitos de lesa humanidad son permanentes y continuos, tal es el caso de la desaparición forzada.

Ya que I.C.E., M.R.S. y J.L.P.V. no rindieron un informe de la detención, ni informaron sobre el posible paradero de las víctimas, la Juez estableció que se soporta la imputación del delito de desaparición forzada.

La Fiscalía logró acreditar la imputación al presentar entrevistas con algunos de los mismos exelementos imputados, las cuales confirman que participaron en la detención. También utilizó las declaraciones de diversos testigos que vieron el momento en que los ahora expolicías detuvieron a los 3 jóvenes, luego de trasladarlos al departamento que rentaban.

Por su parte, otro de los elementos de prueba fue el decomiso de dos armas que realizó J.L.P.V. a de la Cruz Caballero, incluso con un dictamen de balística que confirmó que el policía tenía en su poder el arma del desaparecido al participar en la detención.

La defensa argumentó que los entonces policías no tenían por qué informar irregularidades en la detención, ya que durante el operativo estuvo presente el comandante F.J.L., conocido como el “Comandante Platino”.

No obstante, la Juez también le dio la razón a la FGE y estableció que el orden jerárquico no exime a un funcionario de menor rango cuando participa en un acto ilícito, por lo que los expolicías no pueden ser excluidos de las investigaciones por el delito de desaparición forzada.

Todo esto dentro del proceso penal 130/2017, luego de que se presentó la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Cabe recordar que luego de que fueron “levantados” Gibrán Martiz y el menor de identidad resguardada estos aparecieron el día 18 de enero de 2014, supuestamente ultimados en un operativo realizado por elementos de la SSP en la carretera Conejos-Huatusco.

“De la detención del 7 de enero no existe registro alguno. F.J.L.D., M.O.A., J.L.P.V., I.C.E., M.R.S. y A.B.M. ocultaron el haberla efectuado y no rindieron información sobre la misma”.

En la imputación se estableció que el 7 de enero, aproximadamente entre las 15:00 y las 16:30 horas, en la calle Ferrocarril Interoceánico número 124 de la colonia 7 de noviembre, arribaron varios elementos.

Se trataba de los policías estatales a bordo de las patrullas 201778, 20-2107 y 20-1944. Los jóvenes fueron trasladados en la patrulla 20-1944, mientras que de la Cruz Caballero fue trasladado dentro de un vehículo gris con cristales polarizados, habitualmente usado para los detenidos.

Al llegar a ese lugar algunos elementos bajaron de las patrullas portando sus armas, a excepción de M.O.A., quien permaneció a bordo de la unidad 20-1944.

Los entonces policías F.J.L.D. y U.P.P., bajaron esposado a de la Cruz Caballero y entraron al departamento, en donde demoraron alrededor de 10 minutos para después marcharse con rumbo desconocido y con los tres jóvenes aún detenidos.