IPE ha sido “caja chica” de administraciones de gobierno y por eso está quebrado: Callejas Briones

El Instituto de Pensiones del Estado –IPE— ha sido la “caja chica” de los gobiernos estatales, por lo que a lo largo de su existencia registra pérdidas financieras por 121 mil millones de pesos, aseveró Ernesto Callejas Briones, ex secretario general de la Sección 56 del SNTE –Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación--.

El diputado local del Partido Nueva Alianza, dijo que hoy en día ese organismo tiene un déficit de 3 mil millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones los quedó a deber el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Dijo estar a favor de una reforma integral a la Ley Orgánica del IPE, tal como lo anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin embargo solicitará que se especifique que el nombramiento del director de ese organismo sea hecho por los sindicatos y no por el Ejecutivo en turno.

“Porque después (los directores) se vuelven cómplices en el saqueo a la institución. Es lo que nos ha llevado al traste, repito, debería haber ciento 121 mil
millones, es la corrida que hace el actuario, debería existir y no estaríamos en crisis, estaríamos en bonanza y ahora hay déficit. Lo dijeron los 13 consejales del IPE. Se ha ido (el dinero) a lo largo de las malas administraciones.

Como ejemplo reciente, expuso que en el tiempo de Abel Cuellar Morales como director del IPE, hubo una mala administración de los fondos de ese organismo y de las aportaciones de los trabajadores en activo, a tal grado de perderse mil 500 millones de pesos de la generación intermedia, que va de 1997 y al 2007.

En estos momentos no hay recursos para responder a las solicitudes de préstamos a corto plazo; mientras que cerca de 75 mil trabajadores de diferentes generaciones, están en la incertidumbre de que vayan a recibir un pago justo cuando se jubilen.

Añadió que sólo si se actualizan los pagos pendientes y los compromisos de campaña, estarían de acuerdo en que se revisará la Ley del IPE, a fin de buscar mecanismos para poder garantizar el pago a los pensionados y los trabajadores en activo.