Juicios de Infonavit dividen a la Suprema Corte

La revisión y discusión de un caso en el que está en juego decidir si el Infonavit puede o no vender los créditos vencidos de las casas de los trabajadores a empresas trasnacionales, para que éstas sean quienes se encarguen de seguir cobrándoles o de llevarlos a juicios para quitarles sus propiedades, dividió la opinión de los cinco ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debido a la división de opiniones y a la relevancia del caso, después de dos semanas de discusión, finalmente los cinco ministros de la Segunda Sala acordaron enviar este tema al Pleno del máximo tribunal del país para que este asunto sea resuelto por los 11 ministros de la Corte, y no sólo por ellos.

En este asunto no sólo está en juego la venta de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en el 2006, en un precio, cada uno, de alrededor de 25 mil pesos, sino que en el futuro se pueda volver a repetir esta situación, de acuerdo con la diputada federal electa, Laura Itzel Castillo quien representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Instituto.

Laura Itzel Castillo ha denunciado que las empresas, a las que prácticamente se les vendieron las casas de los trabajadores a un precio 10 veces menor al valor de la propiedad, han recurrido a prácticas de terrorismo extrajudicial para cobrarles a los trabajadores sus viviendas como nuevas, sin importar los pagos que ya habían hecho, o para presionarlos para que las desalojen.

En opinión de la diputada electa la decisión que adopte la Corte en este asunto será de suma trascendencia no sólo para la conservación del patrimonio de cientos de miles de trabajadores del Infonavit, sino para el sistema de seguridad social mexicano, a través del cual, el Estado, de acuerdo con la Constitución, debe garantizar créditos baratos y suficientes.

La decisión del Infonavit de vender los créditos vencidos de los trabajadores a un par de empresas extranjeras fue impugnada desde el 2006 por diversos trabajadores, agrupados principalmente en torno al Consejo de Defensa de la Vivienda.

Pero sus impugnaciones generaron opiniones encontradas en los tribunales federales.

Mientras cinco tribunales colegiados se pronunciaron por amparar a los trabajadores, bajo el argumento de que el Infonavit, por su naturaleza, no podía vender los créditos vencidos de los trabajadores, muchos de los cuales dejaron de pagar porque se quedaron sin empleos; otros dos tribunales colegiados se negaron a amparar a los trabajadores por considerar que el Instituto sí tiene atribuciones para implementar políticas que le permitan tener finanzas sanas para seguir construyendo más casas y otorgar nuevos créditos.

De ahí que al presentarse sentencias opuestas en torno al mismo caso, el tema llegó a la Corte bajo el rubro de una contradicción de tesis, registrada con el número 197/2009, a fin de que el máximo tribunal del país sea el que establezca cual criterio debe prevalecer y seguir aplicándose en los juicios promovidos en contra del Infonavit por la venta de los créditos vencidos.