Julen tiene cuentas por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el año 2017 obras de mala calidad, falta de transparencia, irregularidades en los contratos asignados y falta de aplicación de recursos en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, entonces a cargo del panista Julen Rementería del Puerto.

Tales observaciones han sido subsanadas parcialmente por la actual administración estatal en lo que corresponde a documentación, sin embargo, en cuanto al actual, el hoy Senador aún no presenta las pruebas ante el ente fiscalizador.

Conforme a la ASF, la SIOP adjudicó en el año 2017 el contrato SIOP-OP-PE-018/2017-DGCCYCE

“Construcción de muro de contención en los kms 0+010, 1+400, 2+100 y 2+400, de 18 metros, 22 metros, 30 metros y 12 metros de largo, respectivamente, reconstrucción asfáltica del km 0+000 al km 2+000 del camino Naranjal-Tezizapa” a una empresa por 7 millones 434 mil 700 pesos bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, mismo que por su importe debió asignarse mediante licitación pública; sin presentarse el dictamen debidamente fundado, motivado y con la documentación que soporte el ejercicio de la opción.

Otra irregularidad fue en el procedimiento de adjudicación del contrato SIOP-OP-PE-018/2017-DGCCYCE, donde el ex titular de la SIOP no asignó el contrato a la empresa que ofertó el precio más bajo y lo hizo a la más alta.

Según consta en minuta de reunión de trabajo de fecha 9 de agosto de 2017 a la emisión del fallo de fecha 9 de agosto de 2018, la concursante ganadora modificó su propuesta inicial para quedar en 7 millones 434 mil 700 pesos. Es decir, que la administración de Julen Rementería permitió a una empresa modificar fuera de tiempo su oferta inicial para beneficiarla con el contrato.



Una observación más fue que la Auditoría Superior de la Federación hizo una visita domiciliaria junto con un notario público a 3 empresas a las que la SIOP asignó obra pero las compañías no permitieron una revisión detallada de la documentación que presentaron ante la dependencia estatal, restando transparencia.