La contrarreforma educativa

La Reforma Educativa impuesta autoritariamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto es en realidad una contrarreforma, pues está orientada a desmantelar los principios fundamentales que han regido a la educación pública durante casi un siglo, y también, bajo el manto de un vago concepto de “calidad”, se intenta acotar los derechos laborales de los maestros y debilitar su organización sindical en sus dos vertientes: la oficial y la independiente.

Para comprender cabalmente lo que esto significa, hay que situar el contexto en que esta contrarreforma se impone. Consideremos que a partir de la Segunda Guerra Mundial se fue haciendo claro que el capital iba perdiendo connotaciones “nacionales” (capital inglés, japonés, alemán, norteamericano) para subordinarse cada vez más a formas propiamente globales de reproducción, situación que se tornó más evidente con el final de la Guerra Fría… El aparato estatal, incluyendo no sólo las funciones de orden administrativo-financieras, sino también sus instituciones jurídico-políticas, comienza a reorganizarse de acuerdo con la exigencia mundial de los mercados y siguiendo los lineamientos trazados por corporaciones bancarias supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Eliminados así los controles nacionales, las corporaciones (un puñado de ellas) tienen el campo libre para movilizarse a sus anchas por todo el planeta sin tener que consultar sus estrategias con ningún gobierno, e incluso actuando en contra de los intereses estatales. En países como México, las ganancias de las empresas no se integran a mecanismos nacionales de redistribución de la riqueza, sino que contribuyen a incrementar la distancia entre los ricos y los pobres (Así, los programas contra la pobreza que el estado mexicano hoy promueve, no pasan de ser medidas puramente demagógicas).

Ahora bien, en este proceso de des(re)territorialización del capital, lo que se “globaliza” no son únicamente las instituciones estatales y las estrategias económicas, sino también las ideas y los patrones socioculturales, particularmente los sistemas educativos nacionales. Todo un universo de signos y símbolos difundidos planetariamente –como aquellos relacionados, en el campo educativo, con el discurso de la excelencia, la calidad y la evaluación que permean el texto de la contrarreforma peñanietista– por los medios de comunicación de masas empiezan a definir el modo en que millones de personas sienten, piensan, desean, imaginan y actúan. Signos y símbolos que ya no vienen ligados a las peculiaridades históricas, religiosas, étnicas, nacionales o lingüísticas de esas personas, sino que poseen un carácter transterritorializado, es decir, descontextualizados del ámbito local. (Véase, de S. Castro-Gómez y E. Mendieta: “Teorías sin disciplina, Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate”. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1998).



En México, es a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari en que este proceso se acelera y, desde el poder, se promueven continuas reformas a la educación con el objetivo declarado de elevar la calidad de la misma. Si atendemos al discurso de los políticos, escucharemos contundentes afirmaciones sobre la necesidad de que los mexicanos tengamos una educación de calidad –sin que se defina claramente qué se entiende por tal– y, también nos enteraremos de los diversos programas que el gobierno aplica para lograr tal objetivo.

Pero la realidad es otra: con el afán de complacer a sus patrones –léase las susodichas corporaciones transnacionales– los miembros de la clase política mexicana intentan darnos gato por liebre, pues la verdad es que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá, la vida nacional en su conjunto se ha moldeado en consonancia con los objetivos económicos de este tratado que sólo benefician a las corporaciones transnacionales protegidas por el gobierno estadounidense.

Relata el doctor Hugo Aboites, investigador de la UAM: “El objetivo de los negociadores de Estados Unidos (y menos traslúcido el de las cúpulas empresariales mexicanas) no se reducía a la integración económica, también era claro el interés por la integración más profunda, educativa y cultural.” (H. Aboites: “La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia” (1982-2012). UAM-ITACA, 2012)



Tal objetivo siempre ha sido reconocido por altos jerarcas estadounidenses, como Josep Duffey, director de la Agencia Norteamericana de la Información quien, en su momento, afirmó que “la integración económica sin la profundización de nuestra dimensión educativa y cultural conlleva un riesgo inaceptable: un choque de valores que bien podría llevar a más desacuerdos que los que podríamos haber tenido sin el TLCAN; por tanto debemos profundizar y ampliar nuestra asociación en el campo cultural.”

Bastaría con analizar el articulado del TLCAN –como rigurosamente lo hace Aboites en el libro citado- para darnos cuenta de que todo lo que el gobierno mexicano ha presentado como iniciativas novedosas para impulsar la educación se desprende directamente de dicho tratado: desde la implantación de “modernos” sistemas de evaluación educativa (CENEVAL, INEE, ENLACE, etcétera), la fracasada Alianza por la Calidad de la Educación, hasta la reciente (Contra)Reforma Educativa propuesta por Enrique Peña Nieto, no son sino esquemas cuya aplicación demandan las corporaciones transnacionales y el empresariado mexicano.



Todo con el fin de desmantelar la educación pública en el país y empujar hacia su privatización. Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, la calidad educativa en todos sus niveles se ha deteriorado en un grado alarmante.
Habrá que acentuar que la contrarreforma impuesta por el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto vulnera los principios establecidos en el Artículo Tercero Constitucional; a saber, el carácter gratuito, laico, científico y democrático que la educación debe tener.

Me interesa destacar sobre todo el carácter democrático que la educación debe tener y que, de acuerdo a la Constitución, respalda a los maestros que ahora se oponen a la contrarreforma educativa. A la letra, el artículo tercero establece: “II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:



a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura…

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale”.



Y debiendo estar la evaluación de maestros y alumnos –así como otros temas expuestos en la contrarreforma– vinculada necesariamente a los planes y programas de estudio, el gobierno ignoró la opinión de los diversos sectores sociales involucrados en la educación para imponer su reforma. La contrarreforma peñanietista es antidemocrática, y ello bastaría para rechazarla.

Un dato más que hay que tomar en cuenta es que la agenda para la evaluación educativa –punto central de la reforma peñanietista y exigencia del TLCAN– no fue producto de la discusión entre los actores de la educación mexicana, o de alguna iniciativa de los sectores sociales interesados. El origen directo fueron las negociaciones de los representantes de los ministerios de economía y comercio de Canadá, Estados Unidos y México, asesorados los negociadores mexicanos por un grupo de representantes del sector privado de la educación y funcionarios de la SEP. Esas negociaciones se llevaron a cabo en completo secreto no obstante que se trataba nada menos que de ajustar las prácticas educativas mexicanas al marco del mentado tratado. Además el contenido de las discusiones fue objeto de una sistemática desinformación para que no se conocieran las implicaciones del TLCAN para la educación.

Los maestros que rechazan y resisten la contrarreforma educativa tienen la razón de su parte. Pero es obvio que al presente gobierno le tiene sin cuidado la razón, en tanto pueda hacer uso –como el mismo Peña Nieto ha declarado– del ejercicio legítimo de la violencia para contener las protestas populares.
Habrá que oponerse y detener tal inconsecuencia.