La democracia norteamericana en vilo

Hace cuatro años y exactamente 57 días antes de la elección presidencial escribí un artículo porque Donald Trump le ganaría a Hillary Clinton, del cual recibí comentarios de lo absurdo que podía ser ese resultado electoral y, mi escenario se cumplió tal y como describí en aquella reflexión; en esta ocasión me atrevo a plantear un escenario “probable” sobre el resultado electoral en los Estados Unidos.

El elemento que hará la diferencia entre ganar o perder a Donald Trump es la Corte Suprema, porque actualmente está integrada por seis magistrados de derecha y tres progresistas, la última que nombró Trump fue el 26 de octubre, justo unos días antes de celebrarse las elecciones, recayendo la responsabilidad en Amy Coney Barrett, quien había sido magistrada en un tribunal federal de apelación, por supuesto identificada con el ala más conservadora en el interior del poder judicial norteamericano. Basta recordar que esa misma Corte Suprema en el año 2000 le dio el triunfo a George Bush sobre Al Gore por la diferencia de votos del Colegio Electoral en un solo estado como lo fue Florida. En esta ocasión son más los estados que se encuentran en la misma situación que hace veinte años; actualmente se identifican a: Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, entre los más representativos.

Retomando la línea de interpretación anterior, antes de las elecciones existían más de 300 demandas en 44 estados por el voto anticipado y postal en las pasadas elecciones, los temas de la impugnación fueron varios: la fecha final para recibir las boletas y enviar el voto, las firmas de los testigos y los sobres en los que se enviaban los votos; es decir, la estrategia del equipo de campaña de Donald Trump se preparó para la judicialización del proceso electoral que se puede dar a través de los jueces estatales y posteriormente, lo atraerían los magistrados de la Corte Suprema, quienes pueden revocar el fallo de los togados locales.



El resultado electoral de acuerdo a la legalidad electoral de los Estados Unidos se computa hasta cinco semanas después de la elección, es decir que para este caso sería el 8 de diciembre de este año; en caso de que algún estado no tenga computados los votos del Colegio Electoral, entonces el Congreso local puede decidir que los electores no se sumarán al conteo final; por ejemplo, esto podría suceder en los estados de Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, quienes tienen gobernadores demócratas pero sus congresos locales son republicanos, y como es una elección impugnada, los congresos de esos estados se pueden separar de sus gobernadores y presentar sus propios electores certificados ante sus congresos locales y, allí los diputados podrán asignarles los votos del Colegio Electoral temporalmente, porque si algún gobernador impugna ese hecho jurídico-político, la Corte Suprema le daría la razón a los titulares del poder ejecutivo local, eso es lo que ha pasado históricamente, pero en la actual coyuntura judicial en donde la mayoría de los magistrados son conservadores, nos enfrentamos a un escenario totalmente diferente.

Empero, el plazo constitucional en una normalidad democrática vence el 20 de enero, en la cual teóricamente el nuevo presidente debe asumir el cargo; en caso de que no exista presidente, entonces se abre el “plan de sucesión”, en donde la Cámara de Representantes debe votar a un Presidente, en caso de que no se pongan de acuerdo pero el Senado si hace lo propio con el nombramiento del Vicepresidente y; en caso de que la Cámara de Representantes continúen sin poder elegir presidente, el Vicepresidente automáticamente asumiría la Presidencia; y en el caso extremo de que tampoco exista Vicepresidente, entonces Nancy Pelosi se pone en la ruta para ser la presidenta de los Estados Unidos.

Finalmente, los escenarios jurídicos que se plantearon anteriormente ya se vivieron en las siguientes elecciones presidenciales: 2000, 1876 y, 1824; dado lo anterior, ésta democracia decimonónica ha sabido administrar estas crisis políticas, las cuales siempre han sido resueltas a través de la negociación política como fue en el siglo XIX y, en la del arranque del siglo XXI recayó la responsabilidad en el poder judicial; es pertinente mencionar que este escenario político ya lo habían advertido los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en 2018, quienes afirmaron de manera contunde que: “las democracia pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder”; recomiendo ampliamente su libro “cómo mueren las democracias”, el cual es un mapa de navegación sobre lo que representan las actuales democracias frágiles en el mundo.