La implosión del poder judicial en Veracruz

Alexander Hamilton desde que escribió en "El Federalista" sobre la función del poder judicial en una democracia, desglosando que tenía que mantener el equilibrio y contrapeso entre los poderes ejecutivo y legislativo, de allí el sustento de la división de poderes; los famosos checks and balances jurídico-políticos. Es muy pertinente citarlo para comprenderlo: “Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, requeriría que todos los nombramientos para las magistraturas supremas, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o sea del pueblo, por conductos que fueran absolutamente independientes entre sí”. (Hamilton, Madison, Jay, 2006: 220)[1].

En los tiempos recientes, las democracias han sufrido un proceso de judicialización de la política y, que cuyos resultados sobre los políticos es que ya son "justiciables", ésta es una lección de confianza hacia el poder judicial ante la impunidad y los sistemas de complicidades arraigados en los regímenes autoritarios.

En el caso que nos atañe analizar, que es el poder judicial de Veracruz, se afirma que es un proceso de "implosión" auspiciado desde el congreso del estado, en donde la primera señal de alarma fue nombrar a un miembro del consejo de la judicatura que llevaba intereses aviesos sobre ese poder. Nunca en la historia del poder judicial en Veracruz se había dado una situación de injerencia tan obvia, tan de baja estofa y marrullera a través de un ujier del poder legislativo.



Si bien, hay que decirlo, el presupuesto del poder judicial en Veracruz desde los años noventa es de los más bajos del país, esto como una medida de sometimiento político y de neutralización en la división de poderes en el estado. Basta recordar que Banobras le otorgó 50 millones de pesos para modernizar a dicho poder en la época del fidelato, quién los rechazó para continuar con el viejo modelo jurídico corrupto, dicho apoyo económico era para el fortalecimiento del Estado de Derecho y poder cumplir con uno de los elementos que generan confianza en una entidad federativa para que la inversión extranjera pudiera tener certidumbre de arriesgar su capital económico.

En más de los 100 años de existencia del poder judicial en Veracruz, este poder nunca había vivido una situación semejante de características golpistas, hecho que es apoyado por los abogados que viven en las cloacas y sótanos de ese poder, pero lo más grave es que esté auspiciado y apoyado por un congreso que ya no es de Veracruz, sino que tiene un tamaño municipal que se equipara a la municipalización del poder legislativo en Veracruz, quien se comporta más como un cabildo que un órgano deliberativo de carácter estatal. Dichas acciones generan desconfianza, incertidumbre, ineficacia y disfuncionalidad en dicho poder, más si la defenestrada presidenta fue propuesta de la mayoría salvaje que temporalmente se encuentra en el poder legislativo, -lo cual continúa evidenciando la desinstitucionalización gubernamental-. Sería muy grave que además del poder legislativo, se encuentre algún integrante del gabinete estatal que también este participando en este proceso de destrucción de un poder.

Continuando con la línea de interpretación anterior, sobre todo en lo que respecta a la judicialización de la política, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está observante de los síntomas de ingobernabilidad que empiezan a tomar carta de naturalización en Veracruz, esto a través de los amparos y controversias constitucionales que se acumulan en el máximo tribunal, allí están los casos de: a) la destitución del fiscal general del Estado, b) el de Mixtla de Altamirano y Actopan, c) la renuncia forzada de los magistrados, d) la defenestracion de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y un largo etcétera; todo esto lo resolverá la corte suprema en contra del congreso municipalizado, puesto que no pueden vulnerar el Estado de Derecho por ignorancia, voluntarismo, caprichos personales con cierto tufo de ganancias financieras; ya que la justicia es lenta y tardía pero al final llega para ordenar las cosas en la vida pública de Veracruz.



Finalmente, y porque es pertinente recordar a Carlos Marx en uno de sus pensamientos que es muy utilizado por los posmodernos: “todo lo sólido se desvanece en el aire”, esto porque cuando la fuerza sustituye a la razón, la historia siempre registra que sólo es una temporada efímera, en donde los políticos paleolíticos en el corto plazo nadie los recordará y, se irán al basurero de la historia por sus actos de fuerza.

29 de octubre de 2020