La INE-cesaria reforma que viene

Para nadie es un secreto que las grandes reformas electorales que se han producido en nuestro país en los últimos 42 años han sido determinadas por un común denominador: la crisis del sistema político.

Fue así que, un año después que se presentó como candidato único a la Presidencia de la República a José López Portillo, se produjo la primera reforma electoral de gran calado, pues posteriormente de ese ejercicio de emulación democrática, se hizo evidente la necesidad de establecer garantías para asegurar condiciones de competencia reales para las opciones políticas de minoritarias, así como su inclusión a través del establecimiento de reglas objetivas de representación de las minorías en la cámara de diputados.



Como resultado de la reforma político-electoral de 1977, se institucionalizó a los partidos políticos como entidades de interés público, los cuales, por más de 35 años se erigieron como el vehículo exclusivo para hacer posible el derecho ciudadano de acceder a cargos de elección popular; asimismo, se modificó el sistema electoral para transitar hacia un sistema mixto, mediante la inclusión de 100 escaños de representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso General que entonces pasó de 300 a 400 integrantes.

En 1988 se “cayó el sistema”, lo que provoco que la elección de Presidente de la República resultara fuertemente cuestionada, generándose un clima de tensión post electoral, que evidenció por primera vez la necesidad de replantear el modelo electoral. Así, ante la necesidad de dotar de legitimidad al gobierno que resultó de los comicios del 88, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, con lo que se implementó por primera vez en México un modelo que profesionalizó el ejercicio de la función electoral, la cual ya no estaba más encomendada a una Comisión temporal, intermitente y dependiente de la Secretaría de Gobernación; a partir de entonces, el IFE se erigió como un organismo independiente y especializado en organizar las elecciones federales del País.

Las elecciones intermedias de 1991 se desarrollaron sin conflictos o cuestionamientos post electorales, lo cual estuvo determinado en buena medida por la confianza que generó en la ciudadanía el hecho de que las elecciones fueran organizadas por un organismo especializado e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo.

Sin embargo, la incipiente democracia de principios de los noventa, apenas en desarrollo, adolecía de circunstancias que limitaban la competitividad política, por esa razón desde 1993 se comenzó a revisar el aspecto financiero de las campañas electorales, de tal suerte que,

como medida para el emparejamiento de la cancha, en ese año se establecieron por primera vez topes al gasto de campaña, y posteriormente en 1996 se modificó el régimen del financiamiento público que perciben los partidos políticos para la consecución de sus fines.

Fue entonces cuando se estableció en la Constitución federal, la fórmula que garantiza a los partidos políticos el acceso al financiamiento público, cuyo monto, de manera inusual, se encuentra garantizado desde el texto constitucional mediante una formula ya desde entonces bastante generosa. La justificación de la medida: Asegurar de manera objetiva e imparcial que todos los partidos políticos tuvieran acceso a los recursos financieros necesarios para la realización de sus fines.

Sin duda alguna, la generosa provisión de recursos públicos que implicó la reforma de 1996, determinó que los partidos políticos que entonces integraban la oposición se volvieran realmente competitivos, a tal grado que en el año 2000 fuimos testigos de la primera transición democrática en el País, que significó el cambio del partido que ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

No obstante, dicha elección no estuvo exenta de controversia, y a pesar de que los partidos políticos que disputaron palmo a palmo la presidencia de la Republica (PAN y PRI) incurrieron en infracciones a la norma electoral para hacerse de recursos económicos para sus campañas (Amigos de Fox y Pemex gate), no se exigió la “necesaria” reforma post electoral, antes bien, de manera apresurada, se celebró la consolidación de la democracia mexicana; y no obstante aún faltaba camino que recorrer e instituciones que madurar, el Instituto Federal Electoral se afianzó como una institución autónoma, independiente y confiable en la gestión de la función electoral.

Sin embargo poco duró la percepción de consolidación democrática, pues los comicios de 2006 se vieron empañados por el activismo en contra de un candidato a la presidencia de la República por parte del Consejo Coordinador Empresarial; al que se sumó la contratación indiscriminada de espacios en radio y televisión por parte de los partidos políticos, lo que generó un clima de inequidad en la contienda, que incluso fue reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



La crisis post electoral de 2006 obligó la revisión del modelo de comunicación política, y fue así que al año siguiente, se reformó la Constitución federal para, entre otras cosas, prohibir la contratación de espacios en radio y televisión a cualquier persona o entidad con fines políticos, al tiempo que se otorgó acceso gratuito a los partidos políticos al tiempo de radio y televisión que corresponde al Estado, bajo la misma fórmula en que reciben financiamiento público (30% igualitario y 70% proporcional a su porcentaje de participación en el mercado electoral); lo anterior con la finalidad de establecer de medidas de equidad en la contienda.

Si bien la elección presidencial de 2012 no estuvo exenta de cuestionamientos, el conflicto post electoral no fue de ninguna manera tan dramático como el de 2006 o el de 1988; por lo que en realidad no se advirtió razón para impulsar la acostumbrada reforma electoral que “resolviera” los problemas advertidos en la elección anterior.



No obstante, el gobierno federal en el marco del “Pacto por México” impulso una serie de reformas estructurales (a la Constitución Federal) que requerían el apoyo de la mayoría calificada de los integrantes de la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como el aval de las legislaturas de los Estados, circunstancia que fue aprovechada por el Partido Acción Nacional, que condicionó su apoyo a la llamada “Reforma Energética” a la instrumentación de la Reforma Electoral centralizadora que planteaba la desaparición de los organismos electorales en las entidades federativas, y la transformación del IFE hacia el Instituto Nacional Electoral, como único órgano encargado de organizar las elecciones en la totalidad del territorio del nacional.

Esa idea, que a decir de José Woldenberg, era una mala idea, pero tenía coherencia[1], no fue acogida en sus términos y derivó en el modelo hibrido que nos heredó la reforma constitucional de 2014 y que se encuentra vigente en la actualidad, en el que coexisten el Organismo Nacional con los de las entidades federativas; ejerciendo la rectoría de la función electoral a nivel nacional el primero, y la operación material de las elecciones locales exclusivamente, los segundos.



No obstante la complejidad, el talante invasivo y avasallador del Organismo Nacional sobre los locales, las paradojas y las redundancias de algunos procesos que implicó la reforma de 2014, su implementación no resultó nada mal. Y para muestra, basta observar el caso de Veracruz, en el que bajo el modelo electoral vigente, se observó la primera transición en la titularidad del Poder Ejecutivo Local en 2016 en la historia de Veracruz, que pasó a ser ocupada por el Partido Acción Nacional, y una segunda transición democrática dos años después en 2018, en que el que la gubernatura pasó de Acción Nacional a MORENA; sin perjuicio de los resultados de la elección de ediles de los ayuntamientos en 2017 que derivó en una integración más plural y representativa de los cuerpos edilicios en relación con las fuerzas políticas contendientes; y congruente con la votación obtenida por cada una de ellas.

Las reformas en materia político electoral en nuestro País, han sido en todo caso reactivas, y se han producido con la finalidad de “resolver” los problemas o desviaciones advertidas la elección inmediata anterior; de tal suerte, todas las

reformas previas a la de 2014, con excepción a la de 1990, constituyeron auténticos parches al sistema para solucionar ciertos problemas identificados, no obstante, en todos los casos, dichos problemas se atendieron de manera parcial y aislada; por ello, la solución previa, generó un problema posterior, acaso más grave que el que se pretendió resolver.

Las elecciones concurrentes de 2018 pusieron a prueba el modelo electoral que resultó de la reforma de 2014, que si bien disminuyó la autonomía de los organismos electorales locales, resultó funcional, pues en razón de las nuevas reglas electorales, se produjeron procesos electorales, de calidad, homogéneos y transparentes, de los cuales emanaron órganos de gobierno y de representación, altamente legitimados y con una integración plural y paritaria entre géneros, fiel el reflejo de las expresiones de la sociedad.



En el ámbito federal, la implementación de la reforma de 2014, arrojó una elección presidencial que inclusive no fue objeto de impugnación alguna, lo cual estuvo determinado en buena medida por la amplia participación ciudadana que acudió a emitir su voto, aunado a la diferencia sustancial entre la votación obtenida entre primer y segundo lugar; pero sobre todo, por la adecuada actuación del árbitro, que articuló en el marco de la ley la participación de partidos políticos, candidatas y candidatos, autoridades y ciudadanía.

Y sin embargo…

No obstante los resultados entregados por los organismos electorales, nacionales y locales, hoy en la Cámara de Diputados inicia el debate sobre la “necesidad” de reformar el sistema político electoral mexicano. ¿Cuáles son los problemas, desviaciones o vicios advertidos que justifican tal iniciativa reformadora?
En realidad no se han dado razones que justifiquen tal pretensión. Por tanto, una reforma sustancial al modelo electoral parece innecesaria, pues tanto el modelo actual como las instituciones, respondieron cabalmente al reto que significó la elección concurrente de 2018 en un entorno de alta competitividad política, al grado tal que inclusive, las autoridades electorales gozan de una saludable percepción de confianza ciudadana[2].



Aparentemente no hay razón para impulsar una reforma electoral, pues en la última elección no se advirtieron vicios, abusos o conflictos que resolver mediante ulterior reforma; por el contrario, se produjeron resultados electorales certeros, confiables y seguros que abonaron a la estabilidad política del Estado. Sin embargo, es evidente el interés de desmantelar las instituciones electorales del país y en general un sistema que funciona, que es fiable y ha organizado procesos electorales de calidad, bajo el único argumento de que se gasta demasiado en las elecciones.

Sí, las elecciones en México son caras, sin embargo, si el problema con el modelo electoral vigente es el gasto que significa su operación, es menester revisar objetivamente y determinar en qué parte del sistema está el gasto excesivo y solo ajustar lo necesario, pues ¿Para qué cambiar algo que funciona correctamente?

Esperemos que los integrantes de la Cámara de Diputados y posteriormente los Senadores estudien con seriedad el planteamiento que se les hace y de manera objetiva analicen la finalidad de la reforma con el contexto político, social y económico que vivimos.



Habrá que estar atentos al desarrollo de los “Foros para la Reforma Electoral y del Estado” que se desahogarán en la Cámara de Diputados entre el 11 y el 20 de junio; foros a los que si bien no fuimos convidados a participar, si nos dan la oportunidad de abrir el debate ciudadano en los medios a nuestro alcance.


[1] Woldenberg, José, “Vueltas en círculo”, artículo publicado en el periódico Reforma el 5 de diciembre de 2013.

[2] Consulta Motofsky, México: Confianza en sus instituciones 2018. Consultable en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1084-confianza-instituciones-mx-2018