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La PGR aport pruebas falsas en Acteal: Corte

Despus de 11 aos de prisin debern liberar a 40 indgenas

El Universal Carlos Avil?s M?xico, D.F. 06/08/2009

alcalorpolitico.com

Al menos 40 indgenas que han pasado los ltimos 11 aos de su vida en prisin, inculpados por la matanza en Acteal, Chiapas, son inocentes, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

Luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, el mximo tribunal del pas concluy que la Procuradura General de la Repblica (PGR) fabric pruebas, testigos y cometi un cmulo de irregularidades en el caso.

A los indgenas, que cumplen sentencias de 20 y 40 aos, se les responsabiliz de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

En esa ocasin fueron asesinados 45 indgenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oracin en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.

Meses despus, la PGR consign a ms de 80 personas como responsables de la matanza. Las investigaciones se realizaron durante la gestin de Jorge Madrazo Cullar como procurador, y con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la Repblica.

A los capturados se les acus de homicidio calificado, lesiones calificadas y portacin de arma de fuego de uso exclusivo del Ejrcito.

Ahora, a ms de una dcada de los hechos, la Corte concluye que al menos 40 indgenas fueron acusados de manera injusta por la PGR y sentenciados por jueces y magistrados federales.

De acuerdo con datos recabados por este diario, en la votacin programada para el prximo mircoles 12 la mayora de ministros de la Primera Sala votar por amparar a los indgenas, para que queden en libertad de inmediato.

Desde la perspectiva de los ministros, las anomalas encontradas son una muestra de los defectos que presenta el sistema de justicia.

A pesar de que la Corte casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio, el ao pasado atrajo el asunto por su trascendencia y porque reviste un inters superlativo, reflejado en la posible afectacin o alteracin de valores sociales, polticos o, en general, de convivencia o bienestar".

Con su decisin, la Suprema Corte pretende tambin establecer criterios que combatan en el futuro las irregularidades que se cometan relacionadas con la integracin deficiente o amaada de las averiguaciones previas, la valoracin de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantas procesales y al derecho a una adecuada defensa, as como a una justicia pronta y expedita.
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