Para el diputado local y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad del Congreso del Estado, Adolfo Ramírez Arana, la transferencia del servicio de Tránsito al ayuntamiento de Boca del Río no es "a la hora que se le ocurra ni a capricho" del alcalde, Miguel Ángel Yunes Márquez.
El Gobierno del Estado –aclaró– no se opone a esa petición, simplemente se tiene que cumplir con los requisitos y la transferencia se hace en un plazo de 6 meses.
Para que regrese ese servicio al municipio tiene que haber un Reglamento de Tránsito, pues cómo se va a sancionar a quienes infrinjan las leyes viales; son muchos los requisitos que se deben cumplir.
"El Alcalde está encaprichado por tener ese servicio; no se puede municipalizar nada más por antojo de un día para otro; tiene que haber un proceso que no se hace de la noche a la mañana".
Dijo no ver ninguna controversia en ello, pues el Presidente municipal va a terminar teniendo el dominio de Tránsito municipal; sin embargo, los que van a perder son los ciudadanos de Boca del Río.
Aunque consideró que transferir ese servicio al municipio de Boca del Río sería un riesgo para abrir nuevamente la puerta a la delincuencia organizada, toda vez que anteriormente los agentes de tránsito estaban coludidos y servían de halcones, por eso –recordó– tuvo que entrar el Mando Único.
Al quedar municipalizado el servicio, el Alcalde es libre de contratar a los agentes de Tránsito y no sabemos a qué oficiales va a contratar el día de mañana.
“Lo que yo veo es que está mal de esencia y por el capricho de un Presidente municipal se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.