Lamenta ACEVAC decisión de desaparecer INIFED; respalda a Federación de Arquitectos

Es lamentable la decisión presidencial de desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y que el presupuesto para remodelación de las escuelas sea operado directamente por los padres de familia, quienes decidirán en qué invertirlo y rendirán cuentas sólo a través del periódico mural.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz A.C. (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, quien respaldó totalmente a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana AC, quien este miércoles emitió su posicionamiento al respecto y señaló que las decisiones tomadas sin ningún fundamento legal o profesional, sólo abonan a la incertidumbre y menoscaban el Estado de Derecho.

“Para qué sirven las facultades de Arquitectura, de Ingeniería o todos los técnicos, qué sucederá, desaparecerán también”, preguntó y lamentó que se les mande prácticamente al olvido.



Preguntó qué pasará también con la seguridad social de los trabajadores, qué pasará con las cuotas pagadas al IMSS, dónde quedarán los impuestos.

Este miércoles la Federación de Colegios de Arquitectos rechazó categóricamente la cancelación de proyectos estratégicos como el metrobus en Durango mediante la aparente socialización de las decisiones; asimismo, rechazaron la asignación directa de obra pública a los pobladores para la construcción de caminos de acceso. Decisiones tomadas sin ningún fundamento legal o profesional, mismas que sólo abonan a la incertidumbre y menoscaban el Estado de Derecho.

Consideraron que dicha visión reduccionista, dogmática y aparentemente ilegal, descarta el marco regulatorio relativo a la planeación estrategia y deliberativa de los proyectos, y distorsiona lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Obra Pública.



La Federación opinó que el Gobierno Federal debe planear las obras mediante la consulta, opinión y deliberación conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional establecido en la Ley y en el 26 constitucional y asegurarse que sea plural y democrática.

“La adjudicación directa a pobladores no le garantiza al Estado las mejores condiciones de los trabajos. Los contratistas deben tener la capacidad financiera, técnica y legal de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Además de pagar impuestos, otorgar seguridad social, capacitar a sus trabajadores y todo lo relativo al cumplimiento del marco regulatorio”, definió el comunicado de la Federación.

En ese sentido, exhortó a los Colegios de Profesionistas, la Sociedad Civil Organizada, las Cámaras Empresariales y Asociaciones a trabajar coordinadamente y defender el Estado de Derecho.