Le dictan 7 años de prisión a joven en Poza Rica sin pruebas, la detuvieron injustamente

La injusticia social persiste en los tribunales del Distrito Poza Rica, muy a pesar de que defensores voluntarios de Gabriela García Santiago han demostrado su inocencia ante los cargos por robo, el Juzgado Primero de Primera Instancia dictó sentencia de siete años de cárcel, aun cuando los supuestos agraviados jamás hicieron acto de presencia en las audiencias; mientras que la delegación regional de Derechos Humanos, a cargo de Tonatiuh Sarmiento, hizo caso omiso.

La joven Gabriela, a dos años de ingresar al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Poza Rica, sigue en espera que en esta ciudad petrolera se proceda con igualdad de justicia, esto en torno al proceso que enfrenta bajo la causa penal 144/2011/IV.

Tanto su madre, la señora Rosa Santiago, como su amiga la señora Irma Maldonado, originarias de la comunidad de Rancho Nuevo en Tihuatlán, han solicitado a las autoridades judiciales que cumplan con la justicia, luego que han recibido mala atención por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Lamentó la madre de Gabriela que, pese a que han recibido el apoyo desinteresado de abogados pozarricenses que brindaron sus servicios completamente gratuitos y que han logrado derribar las pruebas presentadas por los representantes legales de los supuestos agraviados, la señora Georgina García González y su esposo José Arenas Carrillo.

Se trata del delito de robo por 400 mil pesos, luego que la señora Georgina García, con domicilio en la calle Emiliano Zapata en la colonia Tajín, le había contratado como empleada doméstica, siendo Gabriela aún menor de edad.

Durante nueve meses, la joven tihuateca se dedicó a prestar sus servicios pero sin recibir remuneración ni derecho a ver a su familia. Siendo retenida de forma ilegal, a los dos meses de cumplir la mayoría de edad, intentó recuperar su libertad y fue sorprendida por Georgina García, quien utiliza el argumento de robo y llamó a elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) para ser aprehendida en el mismo domicilio.



Al llegar los elementos, la señora García González les mostró a los policías objetos de valor justificándoles como el móvil del robo. Luego de dejarla libre, la ex patrona de Gabriela prefiere denunciarla por robo, y del hogar de la hermana, la corporación policiaca le detuvo nuevamente pero ahora por el supuesto robo de 400 mil pesos, siendo que se argumentó que la detención fue en flagrancia.

A esa situación, los agraviados presentaron copias fotostáticas de un cheque con esa suma, sin comprobar que ya fuese cobrado el dinero. Luego, utilizaron a los hermanos de Gabriela, Cipriano y Venancio para que declararan en contra de su hermana, siendo que ellos no saben leer ni escribir, sin rúbrica y desconocían de los hechos, ya que ellos son trabajadores de José Arenas, en su propiedad como productor citrícola en el municipio de Tihuatlán.

Existiendo la nulidad de las pruebas, como la presentación de declaración del policía Valentín Luna García, quien tuvo contradicciones en las declaraciones iniciales de los supuestos afectados, así como las pruebas de lesiones en agravio de la propia Gabriela, para que se declarara culpable, son pruebas pre fabricadas que violan el proceso judicial.



Sin comprobarse el delito de robo, la familia de Gabriela García Santiago lamentó que el juez primero de Primera Instancia, Laurentino Sosa Capistrán, ya dio sentencia y determinó culpabilidad en Gabriela García, a siete años de prisión, pese a que los agraviados Georgina García y José Arenas jamás se presentaron a las audiencias comparecidas durante el proceso que se llevó a cabo en el Distrito Judicial Poza Rica.

Siendo una familia de escasos recursos, los abogados defensores de Gabriela informaron que se debe recurrir al amparo, por ello la señora Rosa Santiago, como madre, pide la intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en la posibilidad de que se comete injusticia gracias a la corrupción.

Mientras que la señora Irma Maldonado, dijo que al solicitar su apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la delegación regional en Tuxpan a cargo de Tonatiuh Sarmiento, han recibido malos tratos y desinterés en observar el proceso y la atención que recibe Gabriela en el CERESO de Poza Rica.



La familia García Santiago, de origen totonaca, pide la absolución para Gabriela conforme a derecho que se remite de forma procedente, se aplique la legislación especial para grupos indígenas.