Legislatura no se extralimitó al validar que ayuntamientos usen recursos del FISM para obras

La LXIV Legislatura no se extralimitó al validar que los 212 ayuntamientos de la entidad, puedan utilizar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017, para obras pendientes del 2016.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal.

Explicó que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad que las obras pendientes del mismo fondo, en el ejercicio de 2016 por la falta de pago del gobierno de Javier Duarte, puedan ser sufragados con recursos del año en curso.

“Nosotros consideramos que no infringimos de ninguna manera la Ley, ni se pretendió en ningún momento legislar en materia de recursos federales, porque no somos legisladores federales.

“Lo único que podemos asumir es que el Congreso precisó lo que podían hacer los ayuntamientos veracruzanos apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, declaró.

Subrayó que el Congreso estatal no rebasó sus atribuciones ni fomenta el desvío de recursos, pues el decreto es claro y fue respaldado por instancias como el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

El diputado local del PAN refirió que el 90 por ciento de los 212 municipios reportó obras realizadas o en proceso de terminarse, correspondientes al 2016 y que no fueron pagadas.

Igualmente, apuntó que a la fecha no tiene el número de las administraciones municipales que buscan pagar los proyectos del ejercicio anterior con recursos del FISM 2017.

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal determinó que el Congreso de Veracruz se extralimitó y violó la Ley, al autorizar a los 212 municipios utilizar dinero para terminar obras sociales programadas en 2016.

Lo anterior, de acuerdo con lo dicho por el director general de Desarrollo Regional de la SEDESOL, Ariel Álvarez Fernández, quien presentó un análisis legal e incluso recomendó presentar una queja ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Concretamente, el funcionario acusa que si los ayuntamientos recurren a este esquema se estarían violentando el Presupuesto de 2017, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Coordinación Fiscal.

En ese sentido, de Unanue Abascal recordó que a través de un punto de acuerdo todas las fracciones que integran al Congreso del Estado, decidieron que los ayuntamientos pudieran utilizar el FISM 2017 como una herramienta de pago para 2016; siempre que cumplieran con diversos requisitos.

“Buscamos apoyar a los presidentes municipales, porque se vieron metidos en líos debido a que el pasado Gobierno no les entregó sus recursos (…); esto ya que el 90 por ciento de los ayuntamientos registró obra pública que no pudo concluir a tiempo por la falta de ese dinero”, reiteró.