Ley de seguridad Interior: ¿quiénes la promovieron?

“Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde a perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses…”[i]

Las fuerzas oscuras están engalladas y quieren TODO y por SIEMPRE. Con ese propósito quieren legalizar la acción policiaca del ejército por medio de la Ley de Seguridad Interior (LSI). Al sacar a la tropa de sus cuarteles con el pretexto de combatir el narcotráfico, el espurio Calderón, debió otorgarles licencia para proceder conforme a sus propias técnicas castrenses en contra de los presuntos delincuentes o contra quienes, el ejército o marina atrapara en el mismo instante de la comisión de un delito (in fraganti). Después de más de una década de patrullar a sus anchas el territorio nacional, algunos estudios han demostrado que tal decisión, resultó ser un experimento vano, costoso y sangriento: los secuestros, las desapariciones, las extorciones, las ejecuciones y demás delitos asociados a la delincuencia organizada, en lugar de disminuir se han incrementado, tal como lo han venido señalando organizamos internacionales (tribunal permanente de los pueblos, CIDH, CDHM, GEI, etcétera).



¿Son acaso, las fuerzas oficiales represivas tan ineficientes?

La respuesta es no. Nunca como en este siglo se les había destinado tanto presupuesto, asensos, equipamiento y entrenamiento. La capacitación de la tropa es continua en las tareas de contención, detección y supresión del “enemigo”. Sus operaciones jamás se han detenido; pero antes, oficialmente estaban dirigidas, principalmente a grupos armados o hacia quienes ellos consideraban potenciales guerrilleros, ya fueran campesinos, maestros o estudiantes rebeldes al régimen. Con la doctrina de “guerra preventiva” los posibles invasores extranjeros dejaron de ser el enemigo, ahora lo es cualquiera individuo que se oponga o intente rebelarse contra el MIASMA[ii] institucional expelido por los poros de los tres poderes de la federación. Resumiendo, el ejército fue sacado de los cuarteles para suprimir (eufemismo de ejecutar o desparecer) anticipadamente a personas con liderazgo o influencia social consideradas un riesgo para los intereses de los voraces privilegiados.



Para hacerlo posible, no pocos oficiales nacionalistas debieron ser contenidos, cooptados o pasados a retiro. Hoy la jerarquía castrense, ha sido transformada en garante y protector, no de la población o del territorio desbastado, sino de una clase apátrida, corrupta, inhumana e insaciable representada por políticos formados en el extranjero. Estos tecnócratas puestos al servicio de las grandes compañías trasnacionales, empresas monopólicas del país y grandes empresarios son quienes quieren otorgar a las fuerzas armadas el estatus legal a sus funciones policiales inconstitucionales.

La cámara de diputados ya aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI). Los militaristas van a medio camino; falta la votación de los senadores de quienes NO hay que esperar nada bueno (votan por consigna); al menos que la valiente respuesta social opositora los obligue a escuchar.

Con esta Ley, la parodia de elecciones corre el riesgo inminente de convertirse en TRAGEDIA sangrienta fratricida. Poco se puede esperar de los funcionarios del sistema, el país todo es un campo sembrado de políticos ignorantes, patanes, misóginos, sicópatas, ladrones, defraudadores, mitómanos y narcisistas; y aunque hay dignas y honrosas excepciones, estas no son suficientes para detener a los cancerberos del capital. Si a las fuerzas armadas les preocupa su HONOR, en lugar de estar sirviendo de mercenarios contra el pueblo deberían exigir su regreso a los cuarteles. El RESPETO y el HONOR no se consiguen apuntando a la cabeza ni poniendo una bayoneta en el corazón de las personas.



En 2018, cuando se elija Presidente de la República, gane quien gane, habrá grave inestabilidad. Si triunfa AMLO, le cometerán fraude y utilizarán al Ejército para “resguardar” a quienes hacen la manipulación de votos, actas y conteo. Si gana cualquier otro candidato (independiente o dependiente) su triunfo no será aceptado tranquilamente por los agraviados: el INE y el TRIFE suicidaron su credibilidad.

Se entiende; las fuerzas armadas necesitan protegerse las espaldas. Saben que el soldado raso es pueblo y necesitan armas legales (LSI) que justifique sus atropellos argumentando “obediencia debida”. Sin embargo, la aplicación de la norma también podría ir en su contra si no se someten al poder omnímodo de Peña Nieto. Por lo pronto, si un soldado o grupo de ellos cuestionara la orden de este señor que no ha leído un libro en su vida, podría ser considerado una amenaza contra las instituciones y la sociedad (anónima) y en consecuencia ser suprimido.

La ley debe ser discutida seriamente, sus implicaciones son terroríficas. ¿Quién garantiza o cómo se asegura que un General cegado por la ambición de poder ya no quiera obedecer a los políticos? El análisis y el dialogo entre empresarios, políticos, organismos defensores de los derechos humanos y las fuerzas armadas debe darse antes de ser votada por la cámara de Senadores.


[i] Palabra del discurso pronunciado por el jefe de gobierno del D.F, Andrés Manuel López Obrador en la cámara de diputados durante el juicio de procedencia el 6 de abril de 2006.

[ii] Emanación maloliente que desprende de cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas causantes de epidemias e infecciones.