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Limpiamos el “basurero clandestino” que dejaron en Contraloría: Mercedes Santoyo

- Hay denuncias ante anomalías por 8 mil mdp de 2005 a 2018 que señala Federación
- Otras 46 se preparan contra exfuncionarios veracruzanos; administraciones pasadas no denunciaron
- En 2018-19 se inhabilitó a 334 servidores públicos; en 2020 van 151; antes sólo se les amonestaba

Claudia Montero / Exclusiva Xalapa, Ver. 19/11/2020

alcalorpolitico.com



La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, aseguró que desde su llegada a la dependencia han estado limpiando el “basurero clandestino” que dejaron las administraciones anteriores, cortando “los vínculos” que aún existían, detectando las irregularidades y procediendo administrativa y penalmente para que los responsables respondan por ello.
 
“Cuando yo entré aquí que era como un basurero, no municipal, sino clandestino, entonces te dejan ahí y tienes que ordenar y clasificar y ha sido un trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, (…) además hemos limpiado la casa porque había vínculos que tuvimos que limpiar, es un trabajo continuo, no podemos bajar la guardia”, dijo.
 
En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Segundo Informe de Resultados del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria recordó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene observados 8 mil millones de pesos que recibió la entidad entre 2005 y 2018 por presuntas irregularidades que no fueron solventadas en su momento.
 
Añadió que esta situación podría acarrear responsabilidades a los exservidores públicos por omisión o por intención, dependiendo de lo que haya sido y más porque no dejaron documentación o soporte para responder a los presuntos desvíos de recursos.
 
“Nosotros estamos haciendo las denuncias respectivas, denuncias que les correspondían a las administraciones pasadas y nunca las hicieron, por eso tenemos de 2005 a 2018, toda esa cantidad de observaciones que nos determinan casi los 8 mil millones de pesos”, manifestó.
 
Listas las 46 denuncias contra exfuncionarios
 
Sin revelar el número, dio a entender que es una cantidad grande de exfuncionarios a los que les están llevando procedimientos administrativos disciplinarios dentro del ámbito de la CGE y otros dentro del ámbito penal.
 
Al respecto, dejó en claro que están actuando como lo solicita la Federación y para poder solventar esa alta cantidad de inconsistencias, “porque en lugar de que el Estado se lleve esa responsabilidad, se la va a llevar al servidor que lo que no hizo en su momento fue omiso o que lo hizo por intención”, advirtió.
 
Mercedes Santoyo apuntó que ya tienen 46 denuncias preparadas que están siendo presentadas, que corresponden a este periodo y que abarcan a exservidores públicos de diferentes dependencias y diferentes rangos, incluyendo exsecretarios.
 
“Son riesgos materializados que tenemos que transferir, porque la CGE lleva sus procedimientos administrativos pero hemos detectado daño patrimonial y tenemos que hacer (las denuncias), diría que somos de los (Estados) que más denuncias estamos interponiendo o el que más ha presentado”, expresó.
 
Por tratarse de investigaciones penales, evitó mencionar los nombres de los extitulares de despacho involucrados pero indicó que algunos ya fueron citados a declarar en semanas anteriores.
 
Sanciones e inhabilitaciones
 
La funcionaria estatal informó que en el periodo de 2018 a 2020 también se detectaron irregularidades, ante lo que actuaron de inmediato.
 
Y es que explicó que anteriormente sólo se les imponían amonestaciones a los involucrados en este tipo de inconsistencias y en pocos casos se les inhabilitaba, lo que cambió con su llegada.
 
“Había 125 procedimientos de responsabilidad administrativa con carácter sancionatorio y 81 eran amonestaciones, es como un regaño que se le daba al servidor público y 18 inhabilitaciones sin sanción económica. Nosotros para el 2019 hicimos 620 procedimientos, bajamos la cantidad de amonestaciones y subimos la cantidad de inhabilitaciones a 334 servidores públicos inhabilitados”, resaltó.
 
Para el 2020, sostuvo que la cifra descendió y lo justificó diciendo que al ir “limpiando” se va bajando el número de inhabilitados que se ubicaron en 151. “Sin embargo, la tendencia aunque baja a la mitad, sigue y se mantiene hasta septiembre en 62 por ciento”, precisó.
 
Pandemia afectó auditorías
 
Pese a que se determinó que la Contraloría General del Estado no pararía sus labores durante la contingencia, sí tuvo que enviar a una parte de su personal a resguardarse en sus casas, lo que afectó la programación que se tenía de las auditorías que realizan en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
 
“Se detuvieron auditorías a nivel federal y estatal. La ASF y SFP no han podido acercarse directamente con su personal a hacer las auditorías y como son conjuntas, ellos las instruyen y nosotros las hacemos. Entonces operativamente nosotros tenemos que hacer esa auditoría y ellos van dando seguimiento a distancia y van teniendo la supervisión”, puntualizó.
 
Mercedes Santoyo agregó que este trabajo adicional les ha retrasado las auditorías internas, ya que cuentan con poco personal para realizar ambas tareas.
 
Además, comentó que la emergencia sanitaria por el Coronavirus también afectó las audiencias programadas con los servidores y exservidores públicos por las observaciones encontradas en el manejo de los recursos.
 
“Se lograron la mayoría de los objetivos”
 
Santoyo Domínguez dijo que la mayoría de los objetivos planteados para este 2020 se cumplieron, destacando la estrategia de capacitación virtual ofrecida a más de mil servidores, con la finalidad de que hicieran mejor su trabajo.
 
“Nos enfocamos en ver y detectar las áreas de oportunidad y sobre todo detectar los riesgos que hubiera en las dependencias y entidades del no cumplimiento a sus objetivos institucionales o riesgos de corrupción e integramos unas capacitaciones”, manifestó.
 
Resaltó que en la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación, el estado de Sonora lleva a cabo las capacitaciones en materia de ética, reconociendo a Veracruz como el que mejor ha capacitado no sólo en cantidad, sino en calidad a los servidores públicos de todos los niveles.
 
Por otra parte, añadió que en el transcurso de este año se realizaron 399 evaluaciones financieras en todos los entes gubernamentales y se generaron algunas recomendaciones que tendrán que atender. Adicionalmente, expuso que ejecutaron 114 evaluaciones a los Indicadores de Gestión en la Administración Pública Estatal.
 
“Y también se hicieron bastantes recomendaciones sin llegar a ser observaciones específicas, se les recomendó apegarse y que atendieran la normatividad que les aplica a cada quien. Dentro de ello hicimos un poco de fiscalización a la obra pública”, abundó.
 
Fundamental la participación ciudadana para mejorar
 
La integrante del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez aseveró que la participación ciudadana es una “fuente importante” de la mejora continua de la institución. “Saber qué es lo que está percibiendo el ciudadano para que nosotros entendamos si lo que percibe pudiera ser una falta pero a veces no lo es”
 
Por tanto, luego de la capacitación que se dio a los servidores públicos, lo siguiente es capacitar al ciudadano sobre los procedimientos que se deben seguir cuando se presentan las quejas y los tiempos que toma darles resolución.
 
“Vamos a trabajar con esta participación ciudadana que creemos que es muy importante, estoy segura que cuando el ciudadano dice lo que siente, es una manera importante de que las instituciones volteén a ver cuáles son las oportunidades que se tienen que mejorar dentro de las funciones”, finalizó.
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