Llevan a la CIDH reclamo para que aplique la “Justicia en Línea” en Veracruz

Abogados llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el estudio de las medidas cautelares para que, junto con el protocolo judicial estatal para la nueva normalidad implementado por el Poder Judicial, se abra la “Justicia en Línea” en Veracruz.

El asunto ya se encuentra en análisis bajo el expediente 607/2020 en dicho órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Al respecto, el jurista Ricardo Morales Carrasco refirió que dichas medidas son promovidas por integrantes del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, A.C., así como el Colegio de Juristas y Profesionistas Afines de la Ciudad de Veracruz, Boca del Río y Medellín, A.C..



“Estamos pidiendo que juntamente con el protocolo judicial estatal para la nueva normalidad, se abra en amplitud la Justicia en Línea, les compartiré en su momento todo lo que pase con esta solicitud internacional de Justicia”, anunció en redes sociales.

Apenas este martes, en entrevista en el programa “Defiende TV” de TeleClicTV y Al Calor Político, Morales Carrasco compartió en exclusiva que había promovido el tema ante la CIDH para que se implemente el protocolo para la justicia en línea en Veracruz.

Durante la transmisión y la entrevista de Roberto Mercado, el abogado resaltó que la no impartición de justicia está violentando Derechos Humanos en Veracruz, ya que el Consejo de la Judicatura de Veracruz acordó suspender actividades desde el 16 de marzo por la pandemia.



Opinó que con las restricciones actuales están quedando impunes actos de violencia familiar contra mujeres y niños, principalmente, e incluso con grupos indígenas de la entidad que no pueden comenzar trámites debido al cierre de actividades.

“Están obligando a las personas a buscar la justicia por otras vías”, consideró Morales Carrasco señalando que, aunque hay ciudadanos que creen en las instancias legales también están siendo vulnerados porque no pueden acceder a éstas.

Durante el programa el abogado discutió los puntos a favor y en contra del nuevo Protocolo para la Prevención de Contagios por COVID-19 en el Poder Judicial del Estado, mismo que fue calificado como “fantasma” ante la negativa de las autoridades de hacerlo público.



Recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya marcó 7 directrices específicas para que se dé la impartición de justicia durante le contingencia por COVID-19, aunque con el protocolo el Poder Judicial de Veracruz apenas estaría cumpliendo una directriz para garantizar este Derecho.

Además, criticó medidas como negar el acceso a instalaciones del Poder Judicial a grupos de riesgo según los términos de la Secretaría de Salud, es decir, mujeres embarazadas, menores de edad, con comorbilidades y mayores de 60 años.

“Entonces de pronto, quien aplicó este protocolo no se puso a distinguir que finalmente varios jueces, varios magistrados, varios litigantes, varias personas mayores materialmente estarían impedidos de entrar a las instalaciones físicamente”, planteó.



Reconoció que la justicia en Veracruz está muy lejos de poder realizarse de forma virtual, puesto que hay insuficiencias normativas, técnicas y presupuestales, de ahí que el protocolo para el regreso a actividades quedó en una formalidad sanitaria que no parece práctica.

Cabe señalar que, aunque se esperaba que se reanudaran labores este miércoles, el Consejo de la Judicatura del Estado determinó continuar la suspensión hasta agosto, aunque avaló implementar guardias para recibir trámites y demandas que se resolverán hasta que se reanuden actividades.

“Parece un protocolo sanitario, más que del regreso a actividades del Poder Judicial. Además, no se ha publicado legalmente y plantea sanciones administrativas sin que se sepa cómo se implementarían”, añadió.



Reiteró que el protocolo avalado por el Consejo no está cumpliendo con los lineamientos para que la justicia en línea se vuelva una realidad en el Estado.

“Hay insuficiencia en la impartición de justicia de carácter técnica; la de carácter presupuestal y la de carácter tecnológica, que finalmente si estas cuestiones no se podían satisfacer es imposible que la justicia en línea se pueda realizar. El protocolo es un primer paso para llegar a la justicia en línea”, mencionó.