Logran amparo expolicías acusados de desaparecer a jóvenes en Tierra Blanca

Tres de los ocho exagentes policiacos de Veracruz, detenidos por la desaparición forzada en 2015 de cinco jóvenes en Tierra Blanca, obtuvieron un fallo judicial que dejó sin efecto el auto de formal prisión.

El despacho jurídico "Gálvez y Asociados", que lleva la defensa de los expolicías estatales, informó que por violaciones procesales y a los derechos humanos el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Materia Penal de Boca del Río, Veracruz, dejó sin efecto el auto de formal prisión; resolución que aún puede ser apelada por vías legales.

La defensa explicó que el fallo se realizó el pasado 29 de septiembre a favor de Luis Rey Lendeche Colorado, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco, agentes acusados de haber detenido a los cinco muchachos en el municipio de Tierra Blanca y luego entregarlos al cártel Jalisco Nueva Generación.



El abogado Juan Carlos Gálvez aseguró que dicha acción beneficiará al menos a dos elementos más, entre ellos el comandante y exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde Hernández.

Dijo que el documento que ampara la resolución quedó firme esta semana; por ello, en un plazo no mayor a mes y medio los expolicías quedarían en libertad, aunque los familiares de las víctimas e incluso la Fiscalía General del Estado podrían inconformarse.

En enero del 2015, los jóvenes Bernardo Benítez, de 25 años; José Benítez, de 24; Mario Arturo Orozco, de 27 años; Alfredo González, de 25 y Susana Tapia, de 16, todos originarios del municipio de Playa Vicente, viajaban en un auto particular.



A la altura del municipio de Tierra Blanca fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y desde entonces se les reportó como desaparecidos. Como parte de las investigaciones se descubrió que los agentes consideraron sospechosos a los jóvenes y los entregaron al jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.

Fueron detenidos ocho oficiales, entre ellos el delegado de Seguridad Pública estatal en Tierra Blanca y el jefe del narcotráfico en la zona; posteriormente, se encontraron restos triturados de uno de los desaparecidos.

Las autoridades determinaron que los cinco muchachos habian sido asesinados, sus cuerpos triturados y los restos arrojados a un arroyo del rancho El Limón, en la zona de Tlalixcoyan.



El despacho de abogados aseguró en un comunicado de prensa que la primera acción jurídica en favor de los expolicias se hizo a través del amparo de revisión 235/2017 por múltiples violaciones que se dieron durante la detención de los uniformados. El expediente del caso se conformó en el distrito judicial de Cosamaloapan, donde les dictaron el auto de formal prisión.

El Juez de Distrito de Boca del Río hizo el análisis del expediente y de los argumentos que presentó la defensa, sin embargo, determinó que no eran viables los argumentos que hicieron por lo que negó dicho amparo.

Inconforme con esa resolución, el despacho jurídico "Gálvez y Asociados" acudió al superior jerárquico del Juez de Distrito, es decir, el Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que analizó nuevamente el expediente y da la razón y al considerar que el Juez de Distrito tomó una decisión errónea; “por tanto, la detención de los expolicías fue ilegal, ya que muchas pruebas obtenidas fueron también ilegales”.



“Hubo múltiples violaciones en dicho expediente al momento de hacer la detención, al ofrecer las pruebas y al tomarles sus declaraciones. La resolución del Tribunal federal pone en evidencia los errores cometidos durante el caso por el magistrado Salvador Castillo Garrido, presidente de dicho Tribunal, quien fue removido del cargo en Veracruz y comisionado al estado de Tlaxcala”, indicó Juan Carlos Gálvez.

El litigante señaló que la presión social en el caso de la desaparición de los cinco jóvenes generó que las autoridades judiciales veracruzanas actuaran de manera ilegal al detener a los expolicías.

El despacho "Gálvez y Asociados" logró la absolución de los policías señalados de delincuencia organizada en 2009 en el estado de Hidalgo, durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, actual titular de la Secretaría de Gobernación.



En ese caso también se violó el debido proceso y 38 de los 145 expolicias municipales de Pachuca detenidos, salieron por violaciones procesales.