A más de dos años de lucha para la cancelación de la construcción de una gasolinera en la avenida Allende de esta ciudad capital, el Comité de Vecinos para la Defensa del Centro Histórico de Xalapa, lograron frenar la obra.
Y es que el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de las licencias de construcción y su prórroga y las de cambio de uso de suelo.
En conferencia de prensa, el presidente del Comité de Vecinos para la Defensa del Centro Histórico de Xalapa, Carlos Othón Flores González, señaló que la lucha a costado a los vecinos entre 70 mil y 80 mil pesos.
Aunque también reconoció que a la familia Vista Hakim (dueña de la estación) aún les asiste el derecho de apelar la determinación del Tribunal, a través de un amparo.
En ese sentido, dijeron que ojalá y el Ayuntamiento de Xalapa y la familia Vista Hakim respeten el fallo de la autoridad, de lo contrario, los vecinos tienen armas para seguir defendiéndose en el supuesto de que se presente un amparo.
“Sin embargo, creemos que los ciudadanos se organizaron de tal forma que lograron una victoria en los tribunales, que deja un antecedente muy positivo en la sociedad xalapeña”.
Dijo que se ha dejado huella en la lucha contra las injusticias y se ha generado un antecedente muy importante, ya que ahora cualquier ciudadano podrá ir a los tribunales para hacer valor sus derechos en cualquier circunstancia que le afecte.
La sentencia del juicio contencioso administrativo 421/2005 declara la nulidad de las licencias de construcción y prórroga y para el cambio de uso de suelo, expedidas por la dirección general de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa.
En razón de que dicha dirección violó la ley al otorgar las licencias, el Tribunal deja a salvo los derechos de los empresarios para recurrir ante el órgano de control interno del Ayuntamiento para formular su queja o denuncia contra el funcionario o funcionarios que les engañaron haciéndoles creer que era posible instalar la gasolinera en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad, y en la medida de lo posible puedan gestionar la reposición de la suma de dinero que invirtieron.
“Consideramos que la sentencia se dictó en estricto apego a la legalidad y los ciudadanos pudimos comprobar en tiempo y forma todas y cada una de las violaciones a la ley; hemos combatido con éxito un problema social que surgió como consecuencia de la corrupción que aún prevalece en las diferentes áreas de la administración pública”.