Los Derechos Humanos en la 4T Veracruzana

Un día después de publicarse esta nota, la doctora Namiko Matzumoto [1], presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos veracruzana (CEDH), asistirá al congreso para informar las actividades realizadas en el año 2020 estando ella a cargo de ese organismo, en cual, por cierto, fue ratificada el pasado 28 de enero para el ciclo 2021-2026. Esa reelección, ganada a pulso según algunos grupos de ciudadanos, le permitirá continuar, incluso más allá del sexenio de la 4T. Su mejor logro parece ser el hecho de haber mantenido su autonomía y sensibilidad al atender víctimas y familiares en un Estado asolado por la delincuencia, la impunidad y desapariciones forzadas.

Actualmente para algunos sectores, el respeto a los derechos humanos por parte del Estado les parece todavía frágil y limitado; sobre todo en los aspectos de justicia y seguridad. Tan masiva y profunda ha sido la transgresión de la vida y la libertad que el binomio Gobierno-Gobernado perdió su cuadratura. La autoridad se vació tanto de legitimidad, así que las víctimas (directas e indirectas) han llegado a considerarla garante de la impunidad de los victimarios.

Aún hoy existen segmentos de la sociedad que no ven gran diferencia en los modos de administrar justicia entre la pasada y actual administración. Por supuesto, hay quienes piensan que el respeto a los derechos humanos en la 4T es un compromiso cumplido.



Pero... ¿qué opinan las partes protagonistas? Para saberlo fueron entrevistadas la Presidenta de la CDHV; la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya y la señora María Elena Gutiérrez Domínguez, integrante del grupo “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas” y familiar de Rafael Espinosa Gutiérrez, de quien no se sabe nada desde 2013.

ENTREVISTA A NAMIKO MATZUMOTO, TITULAR DE LA CEDH

- Namiko, la relación de su homologa, a nivel nacional, Rosario Piedra con el Presidente es magnífica, ¿cómo describiría la suya con el gobernador Cuitláhuac García?



-Es una relación institucional y de respeto.

A doña Rosario le preocupa el decreto presidencial que otorga más facultades a las Fuerzas Armadas (FA) en materia de seguridad pública, ¿usted que opina al respecto?

-El Presidente es el jefe supremo de las FA y como tal puede disponer de ellas dentro del margen que la Constitución y las leyes en la materia le conceden. Sin embargo, la intervención de éstas en materia de seguridad pública debe sujetarse estrictamente a los estándares internacionales en la materia. Por ello, no debe ser algo que preocupe sólo a los ombudsperson a nivel nacional o estatal. Debe preocupar a todas las defensoras de derechos humanos en México. En el caso Alvarado Espinosa y otros vs México, la Corte Internacional de Derechos Humanos sostuvo que la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizadas por autoridades civiles. Esto significa que la intervención de la FA en las funciones de seguridad no es incompatible por sí misma con la CADH[1]. Sin embargo, esa intervención debe sujetarse a los estándares citados para que ésta sea convencional; ello implica el deber del Estado de: 1) Determinar el tiempo en que las fuerzas armadas auxiliarán –más no sustituirán– a las autoridades civiles en funciones de seguridad pública; 2) Regular su intervención, específicamente en materia de uso de la fuerza; y 3) Estar supervisada por autoridades civiles, independientes y técnicamente capaces.



- ¿De las recomendaciones emitidas por esta comisión, cuántas han sido atendidas en tiempo y forma?

- En 2020, se emitieron 182 recomendaciones y en este año van 10 recomendaciones. Los puntos recomendatorios que no son complejos o no requieren iniciar algún procedimiento, se cumplen casi inmediatamente por la autoridad responsable. Aquellos que implican para su cumplimiento iniciar procedimientos sancionatorios o bien hay participación de otras instancias, como sería la Comisión de Víctimas, suelen ser más tardados.

- Usted tiene el termómetro para medir el estado que guardan los derechos humanos, ¿podría decirme si hay disminución o incremento de denuncias en este sentido?



- Salvo el año pasado que disminuyeron las solicitudes de intervención, de 2016 al 2019 se mantuvo constante el número de peticiones hechas a la CEDH.

ENTREVISTA A MARÍA ELENA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

- ¿Podría describir la atención que reciben por parte del nuevo Gobierno?



- (En el pasado) las autoridades fueron no sólo cómplices sino también perpetradores de las desapariciones.

Los expedientes de investigación están plagados de inconsistencias y su integración fue deficiente. Hubo muy pocas acciones de búsqueda efectiva y en la mayoría de los casos las familias fueron revictimizadas y criminalizadas por las autoridades. En la actual administración, los colectivos de familiares de desaparecidos impulsaron la creación de la Ley en materia de desaparecidos en el Estado, de la Comisión de Búsqueda y el funcionamiento operativo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Se nombró el consejo estatal ciudadano, órgano de consulta del mecanismo estatal de búsqueda y se realizaron mesas de trabajo con el Gobernador y diversas instituciones. Hay mayor atención, sin embargo,subsiste la descoordinación entre las autoridades.



La comisión de víctimas (aunque) ya ofrece apoyo asistencial económico, psicológico y jurídico, aún es insuficiente para el número de casos y no tiene la eficiencia que se requiere. Las carpetas de investigación siguen siendo atendidas de manera deficiente y omisa, hay muy poco avance, (…) e insuficiencia de fiscales.



La identificación de restos y cuerpos ha sido muy lenta. La recién creada Comisión de Búsqueda no ha cumplido con su tarea de “eficientar” la búsqueda inmediata y lograr la coordinación con la Fiscalía, la SSP y las otras autoridades integrantes del mecanismo estatal de búsqueda. Y a pesar de que hay un aumento significativo de recomendaciones emitidas por la CEDH contra las autoridades de investigación, eso no ha significado mayor atención o eficacia para buscar a nuestras desaparecidas (os).

ENTREVISTA A BRENDA CERÓN CHAGOYA

- ¿Cuáles son los cambios específicos que este gobierno implementó en la atención a víctimas y familiares?



- Una vez que Cuitláhuac García asumió la Gubernatura se fijó fecha para la primera mesa de trabajo (atendiendo a víctimas y familiares). Esto se continuó haciendo hasta diciembre del 2019. Se ha detenido por la presente pandemia.

Dentro de la implementación de la Ley General de Víctimas y Ley General en materia de Desaparición, la Comisión Especial (emanada del Congreso del Estado) para el seguimiento a la problemática de la desaparición de personas, se encargó de empujar y supervisar los presupuestos necesarios para la atención de este grave flagelo.

De ese modo, se otorgó presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda. Se destinaron 80 millones al Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. (…) desde este mismo espacio se trabajó en la homologación de la Declaración Especial de Ausencia para dar certeza jurídica a las personas desaparecidas y a sus familias.



Se ha reformado la ley 677 para garantizar que las víctimas indirectas tengan acceso a descuentos en el pago de predial, casetas de cobro y expedición de documentos oficiales.

Fue creada, en la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos para dar seguimiento a la declaratoria emergente. Ha sido instalado el Mecanismo Estatal de Coordinación conformado por la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda, la SSP, FGE (Fiscalía General del Estado), la Dirección General de Servicios Periciales, SS, el Secretariado Ejecutivo de seguridad pública, SEFIPLAN y tres integrantes del Consejo Estatal Ciudadano.

Actualmente, la FGE construye un Centro Estatal de Identificación Humana, el cual estará destinado a fortalecer la confronta de perfiles genéticos y poder dar identidad a cuerpos que se encuentren bajo resguardo de la DGSP.



Corresponde, como siempre, a usted lector el juicio final sobre el estado que guardan los Derechos Humanos en la 4T local.