Los juicios orales serán prueba de fuego para Ministerios Públicos, policías y peritos

Para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio Veracruz está capacitando a los policías ministeriales y/o de Seguridad Pública y peritos, quienes tendrán que investigar los casos bajo la conducción del Ministerio Público; sin embargo, carece completamente de la infraestructura para celebrar los juicios orales, que es una parte fundamental para ese tránsito al nuevo sistema de impartición de justicia.

Salvador Martínez y Martínez, secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aseguró que aún no existen salas de juicios orales, pese a que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa lo ha asegurado.

“Las salas es el desafío más fuerte que tiene el Poder Judicial. Ahí es donde estamos verdaderamente preocupados porque el Poder Judicial habla de que tiene 17 salas en todo el estado. Una en Xalapa, pero no tiene en Coatepec, no tiene en Jalacingo, una en Córdoba, pero aún las que tiene las debe adaptar, así como están no son adecuadas”, señaló.

Incluso -afirmó el servidor público- “no se han celebrado juicios orales”, cosa que el togado también ha presumido, tal vez -dijo el académico de la UV- “se hayan celebrado juicios sumarios orales”.

“La novedad (del nuevo sistema penal acusatorio) es que se tendrá que hacer ante el Juez, no se podrá evadir el Juez. Esto implica que el Juez tendrá que dar seguimiento hasta que termine, tiene que valorar y emitir la sentencia, claro que podrá hacer algunos recesos según las circunstancias, el chiste es que haya una continuidad”, detalló.

Salvador Martínez y Martínez ha dicho más allá de este asunto de gran relevancia, que para entrar a este nuevo sistema, la Policía Ministerial y/o del estado será la que investigue bajo la conducción del Ministerio Público, para ello se espera que esté capacitada para hacer investigación de los delitos.

La idea es que los policías cuando lleguen a la escena del crimen no hagan “un desastre” y cuiden la cadena de custodia.

A partir de ahora ya no se desahogarán las pruebas ante el Ministerio Público, habrá de estar supervisado por un Juez de control que trabajará hasta que se decida sujetar a proceso a una persona.

"Dicen: ahora está más fácil para el Ministerio Público porque con elementos probatorios ya la hizo, va a poder acusar, pero no es cierto, porque son dos aspectos: uno, que tenga elementos probatorios y otro, que pueda acreditar las pruebas ante el Juez de juicio", explicó.

Una vez que llega ante esta autoridad, el policía que hizo la investigación y el perito que hizo la inspección se convertirán en testigos, habrá otros testigos, pero estos se convertirán en actores claves.

El ex funcionario electoral subrayó que a partir de dicha implementación, el Juez de juicio siempre deberá estar presente y tiene que hacerse así porque las pruebas se desahogan y construyen en presencia del Juez, "no habrá manera de evadirlo".

Asimismo, subrayó que los juicios se tienen que hacer ante un público, es decir, tendrá que haber un control ciudadano y se podrá abrir a los medios de comunicación.

Fue ahí cuando comentó que en Veracruz no se ha celebrado nunca un juicio oral, lo que existe es la posibilidad de un juicio sumario oral, que es un procedimiento opcional, pero como es opcional nadie lo toma.

Advirtió también que con dicho sistema penal acusatorio se va a tener la impresión de impunidad, porque si el Ministerio Público no puede acreditar la culpabilidad, el acusado podrá salir en libertad, ejemplo polémico de esto es el caso Rubí en el estado Chihuahua, donde el presunto asesino de una mujer salió libre, pese a que todo apuntaba a ser el culpable.

Salvador Martínez y Martínez enfatizó que antes el MP investigaba, llevaba el proceso y prácticamente juzgaba, con una agravante: su investigación no se daba, sino que se la exigía a la persona que presentaba la querella, “que le hiciera la chamba”.

“Entonces qué hacía, ese era el problema y sigue siéndolo. Entonces la Constitución decide puntualizar algunas cosas para que esto ya no suceda. Porque por otro lado el Juez qué hacía. Legalizaba lo que había hecho el MP, esa era su chamba…qué cómodo ¿no?, y así ha seguido. No podemos decir que ya pasó. Lo decimos así porque lo marca la Constitución. El antes y el después”, subrayó.

Aclaró que aunque ya se había estipulado una actuación similar a la que se busca con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se seguía burlando, se usaban artilugios.

Definió que lo que se quiere con la reforma es que el Juez construya las pruebas o que en su presencia se construyan las pruebas y que él sea el que decida y ya no el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá la posibilidad de seguir ejercitando la acción penal ó bien la víctima ó ciudadano en algunos casos directamente.

Dicho coloquialmente, que sucedan las cosas del dicho al hecho, el problema no es de ley a ley, aseveró Martínez y Martínez, al tiempo de resaltar que la característica que se le agregó al sistema para que tenga eficacia y eficiencia acusatoria: que el juicio sea oral, ante el Juez y que sea continuo.

Para aplicar este nuevo sistema cada caso deberá ser revisado de manera particular, pues se tratará en lo mayormente posible de evitar el juicio y llegar a un acuerdo desde la primera instancia y sólo lleguen ante el Juez los casos graves ó de impacto.

“Lo que se busca es que haya menos juicios, pero que se resuelvan las cosas, porque si no, no tendría sentido”, reiteró.

Expresó que nuestro país tiene características peculiares y no se pueden evitar los recursos, es decir, si una persona no está de acuerdo con el Juez, podrá recurrir al juicio de amparo por ejemplo.

Salvador Martínez y Martínez enfatizó que el nuevo proceso penal acusatorio tiene una característica muy particular, es garantista, es decir, la persona a la que se le imputa un delito, ahora tiene más garantías que antes. Ahora ya no decidirá el MP, decidirá el Juez, sólo tendrá la posibilidad de acreditar las pruebas ante el Juez, pero si no, el Juez podrá absolver, reiteró.

“En ese sentido como que beneficia a la persona imputada y más tarde acusada de un delito, lo que se muestra como bondadoso, pero no nos va a gustar, porque nos va a dar la impresión de impunidad. Personas que de repente todos saben que cometieron un delito, pero no lo pudo acreditar el Ministerio Público, no se probó y para afuera. Eso la gente no se va a sentir segura”, expuso.

Desde su particular punto de vista, esto al principio será una “desventaja” para la sociedad que no se sentirá segura si comienzan a pasar este tipo de cosas, pero también se convertirá en una exigencia tanto para la policía como para el Ministerio Público de ser capaces de probar los elementos acusatorios.

Por ello, en este momento toda la atención debe estar centrada en la capacitación y es que una vez que se logró la aprobación del Código de Procedimientos Penales, las autoridades deben atender la capacitación de la policía, de los peritos, MPs y sobre todo de los jueces o de lo contrario, podría venirse un gran descontento social, lo cual no es deseable porque lo que se propone es generoso; sin embargo, si la gente recibe una impresión negativa habrá respuestas también negativas.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal será gradual en Veracruz, arranca en mayo

Explicó que por ello en Veracruz se aprobó que fuera gradual (geográficamente hablando) la implementación del nuevo sistema penal y a partir del 11 de mayo de 2013 arranca en el distrito judicial del centro, que abarca los municipios de Xalapa, Coatepec, Jalacingo y Córdoba la revisión de todos los delitos penales.

Salvador Martínez y Martínez indicó que en el 2014 en la misma fecha, habrán de iniciar en el distrito judicial del norte del estado, lo mismo que en el 2015 que habrán de iniciar en el distrito judicial del sur, todos en la misma fecha.

Las salas de los juicios orales deben ser seguras y contar con las TIC’s

El académico de la Universidad Veracruzana explicó que las salas deberán contar con áreas específicas y especiales donde puedan estar seguros los acusados y los acusadores para que cada uno tenga seguridad, además una zona para el público.

Asimismo, destacó que deberán contar las salas con equipos de punta para grabar los juicios y es que poco a poco deberán ir desapareciendo los expedientes y usarse los medios tecnológicos más modernos.

Admitió que este punto es muy complicado, pues todavía existen limitaciones como la falta de una cultura mediática en la entidad.

“Adecuadas no tenemos en este momento ninguna sala. El Poder Judicial habla de 17 salas que se crearon hace algunos años para los juicios sumarios, pero no son adecuadas, en primer lugar son espacios muy pequeños, parece que admiten un público de nueve personas, eso no puede ser, tendrá que ser un mínimo de 30 ó 35 personas. Estas salas deben tener medidas de seguridad adecuadas…debe haber una distancia entre el público y el acusado. Todo esto está proyectado por los arquitectos tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, Seguridad Pública como la Defensoría Pública”, mencionó.

Deberá existir -subrayó- una red de internet en la que estén conectadas todas las salas, Ministerios Públicos y demás, pero va a ser difícil integrarse y para ello aún no definen si será una red centralizada o descentralizada, es decir, habrá un centro donde llegue toda la información ó cada ente tendrá su propio sistema.

“Aún no se ha definido, pero el equipo de cómputo resulta carísimo. Están por entregarnos una cotización para decirnos cuánto va a costar esto. En materia de recursos es la parte más cara”, aseveró.

El problema no sólo son las salas, sino los centros de atención integral al ciudadano.

El Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado subrayó que el problema también son los Centros de Atención Integral al Ciudadano, que son responsabilidad de los Ministerios Públicos.

Con la reforma deberá haber por lo menos tres centros de ese tipo en Xalapa, una en Coatepec, dos en Córdoba y una en Jalacingo y “también ahí está en ceros”.

Para que todo esto se haga se requieren de mayores recursos y lamentablemente el subsidio federal se va entregando a cuentagotas y por proyectos presentados, destacó el servidor público, al tiempo de recordar que se ministran los recursos de acuerdo a los avances que se va teniendo en las entidades en esta materia.

Detalló que en ese sentido en 2011 a Veracruz se le otorgaron 6 millones de pesos, para este año 9 millones de más. El año pasado se realizaron dos proyectos y para el presente ejercicio se llevan a cabo tres proyectos.

Salvador Martínez y Martínez no olvidó decir que como parte de este tránsito, el Colegio de Veracruz (COLVER) realizará una encuesta a los veracruzanos para saber cómo perciben el sistema de justicia penal.

Asimismo, reveló que el Instituto de Defensoría Pública apenas cuenta con unos nueve abogados ó defensores públicos, cuando debiera tener por lo menos 75 abogados que vendrán a sustituir a los tradicionales defensores de oficio que seguirá existiendo, pero que atenderá otro tipo de casos no penales.

Salvador Martínez y Martínez estimó que por todo lo anterior, Veracruz se encuentra dentro de una escala del 1 al 10, andamos poco menos del cinco 5, es decir, poco menos de la mitad ó por debajo de lo aprobatorio.

Finalmente, reiteró que la meta inmediata es que en mayo del siguiente año, aunque donde costará un poco de trabajo responder afirmativamente es en la construcción de las salas de juicios orales, “ahí va a costar un poco de trabajo llegar a tiempo”.